Unipartidismo: tiranía política al unísono

Nuestra bien tenida ‘democracia representativa’ tiene por fundamento, inapelable bajo la cosmovisión liberal, que el parlamentarismo es la única forma de gobierno legítima, no sólo porque así lo imponen las constituciones liberales, sino porque el propio concepto de democracia es adjetivado también inapelablemente como ‘representativa’, esto es, o es representativa o no es. El tema del delegacionismo, su conveniencia y eficacia a la hora de hacer efectivo un gobierno verdaderamente democrático es otro asunto. Lo que voy a tratar aquí es la esencia de nuestro sistema de ‘representación’: una, homogénea e indistinta, muy a pesar del constante esfuerzo teatral por simular una disparidad de opciones políticas dentro de las Cortes.

Congreso

En lo fundamental (lo que sirve de sustrato común, la teoría política), PP, PSOE, IU, UPyD y las voces ‘nacionalistas’ y de demarcación regionalista expresan al unísono un acuerdo innegable, pues toda su ‘doctrina’, pequeñas e insustanciales interpretaciones particulares del gran telón de fondo, tiene al neoliberalismo (el perfeccionamiento del liberalismo ‘revolucionario’ del siglo XVIII) como deidad redentora, a la cuál servir sin objeciones, sin flaquezas, sin pensamiento; no como un esfuerzo entregado a su causa, sino más bien a raíz de la comodidad burguesa, desquiciada y nefasta, mentirosa y desconsiderada, que origina participar de su poder. Rastrear este vil servilismo, del que por supuesto muchos, casi todos, son conscientes, pero callan y se entregan no por convicción sino por conveniencia, es relativamente sencillo. El primer paso es liberarse de todo el cuerpo dogmático con el que se ha envenenado a la sociedad, a través, en nuestro caso, de la impoluta, encomiable, a ratos beatificante, a la postre descomunal progreso emancipador, Transición Española, un conjunto de pactos para el maquillaje de la oligarquía (que en esencia sigue impasible, tirana) a la luz de la ‘democratización’ de las sociedades occidentales del siglo XX, que sólo se explica bajo la actual lógica de ingeniería social, la productivista, que ha establecido que es más útil utilizar al sujeto civil para sus fines antes que matarlo, como venía haciendo. Nuestra Transición es, en efecto, una transición en lo relativo, en lo efímero; un cambio de disfraz del régimen de poder, que ahora viste de considerado, cuando antes no tenía problema en mostrarse como despótico. Considerar el contenido mismo, trascendiendo la apariencia convenida, como esencia donde reposa la verdad (nunca incontrovertible, pero sí como fin sobre el que reflexionar), es otro paso necesario para el desapego del armatoste político doctrinario hegemónico hoy, no por casualidad, sino precisamente como método de dominio, camuflando la verdad, la esencia, con cada vez más sutiles medios.

Un sencillo análisis de la ideología programática de nuestros partidos políticos revela su identidad, su cutre, eterno y macarra enfrentamiento. Todos los partidos convienen, en primer lugar, en que su potestad legislativa es legítima, pues han sido designados para ello. Callan, no obstante, a la hora de reflexionar en sede parlamentaria sobre el aciago proceso que determina sus escaños, el sistema electoral, que, considerando aparte que está amparado por una desigualdad en la calidad de distintos votos en función de la localización, se sustenta en un régimen en ausencia de libertad, pues la mente del electorado es carcomida insistentemente mediante campañas electorales, espacios publicitarios más grandes en función del voto cosechado con anterioridad (y así el presupuesto destinado a ellos); en definitiva en ausencia de igualdad de oportunidades y en libertad de decisión, sin intrusión ni convencimiento mitinero, que niegan que la voluntad popular vertida en urnas sea genuina, fruto de un auténtico reflexionar colectivo sin intervenir, y sí de un moldeamiento convenido, al que la prensa se suma con el especial frenesí que le caracteriza, como agente de manipulación de la voluntad popular. Si los representantes elegidos son elegidos mediante su intervención en el proceso de elección, es sencillo concluir que dicha elección, además de injusta (y por tanto), no es libre. Lo indefectible del proceso electoral, gracias al inmovilismo constitucional practicado, teniéndo a nuestra Constitución como derecho divino practicable, ha conseguido calar en la opinión pública, que acude a las urnas en acto de fe, sin reflexionar al respecto y asumiendo su necesidad, lo que ha conferido al actual régimen tiránico una categoría de ‘necesidad’, justo lo buscado por aquéllos a su cargo, detestable a la luz de un proceso de reflexión auténtica y despegada. Pero hay más, mucho más.

La ausencia de un mecanismo de intervención popular en caso de que las promesas electorales no se cumplan es otro gran defecto que subraya la tragicomedia parlamentarista, con el que comulgan todos los diputados, pues forman parte del tinglado que impide cualquier renovación que no tenga por subtexto nutrir al poder. Instaurar, de alguna manera, una obligación de cumplimiento del programa no sería la solución, en realidad, a casi nada, pues nada se dice sobre dicho programa, que habría sido elegido en régimen de no-libertad, pero este hecho vierte luz en la misma dirección: el blindaje tiránico y homogéneo del parlamentarismo.

Por continuar con el hilo abierto, todos los partidos políticos en la actualidad rinden una devoción insaciable e infinita por el Estado, como modelo de organización de la vida civil, no sólo indiscutible también como ‘necesidad’ de toda ciudadanía (que es estructuralmente ‘incapaz’ de autogobernarse, sino en todo, en algunas cuestiones), sino como fruto del progreso civilizacional incesante, que con la teoría del progreso como vector, irá alcanzando cotas más elevadas. Al disponer y formar parte del Estado como única realidad civil permisible, impuesta por tanto, se niega de forma flagrante la libertad civil del individuo, un tema demasiado hondo que merece todo un debate a parte (pues no se trata de ejercer aquélla como mera autonomía egoísta y desconsiderada, sino todo lo contrario). Los partidos políticos, enfrascados en discusiones de patio escolar, están de acuerdo en negar sistemáticamente dichas libertades, amparados por la rectitud constitucional hoy día común a muchísimos otros países, lo que ha supuesto una legitimación progresiva y detestable, cada vez más dificilmente contestable, de la doctrina liberal. Negar el constitucionalismo hoy día, no digamos el Estado, es inconcebible, pues inmediatamente se piden alternativas posibilistas a la gobernación, y es evidente que hoy, así las cosas, no las hay. No las hay, no porque no pueda haberlas, sino porque el liberalismo, como exaltación del ente estatal a través del intrusismo de éste cada vez más en la vida ciudadana, hasta despojar a ésta de toda ‘responsabilidad’ política, no se ha construido, tampoco, de la noche a la mañana, sino que es un proceso que lleva abierto siglos. Pretender postular un sistema alternativo inmediatamente aplicable es una demencia, a menudo esencia de la utopía anarquista, que tampoco es fiel a un analisis profundo y sincero de la lamentable realidad actual.

Cayo Lara

En la defensa a ultranza del Estado está, en realidad, todo lo demás, pues es quizás la naturaleza que éste tiene hoy la condición para hacer del cuerpo social  un sumidero de lamentos, incoherencias y situaciones límite, que también, toda la partitocracia calla, y así, comulga con ellos. La demagogia izquierdista, incoherente de base con sus postulados (pues son éstos los que causan dicha demencia social) se ocupa de paliar la protesta civil, con base una manida condescendencia (que en nada se cumple en acciones), de forma que se hace extensivo al manifestante que su particular lucha es escuchada, tenida en cuenta, y quizás una conquista, en el caso de que alguien, tramposamente, tome nota y, sin cambiar en lo sustantivo, ponga en marcha una política que favorezca algunas consignas, con último propósito, en esencia, el de ganar electorado, y así poder. Esta es la lógica operativa de PSOE, IU y todos los ‘partidos del obrero’, que han conseguido vehicular el clamor popular a sus postulados (haciendo que éste, el pueblo, asuma las reglas del juego), de forma que sólo queda dispuesto a pedir mejoras insustanciales en su condición mezquina de servidumbre, como las condiciones salariales, que una vez tenidas son suficientes para tildar de ‘conquista’ la batalla y votar irreflexivamente al partido que ocasionalmente las concedió. Evidentemente, la culpa pesa sobre la fraseología política, no sobre el votante, pues aquélla ha conseguido desnutrir del todo el cuerpo pensante social, a base de hacerle pasar por el aro, y confinar cualquier protesta simplemente a mejorar la calidad de lo existente, lo que implica que, en realidad, las luchas obreras son, desde hace mucho, objeto de devoción del poder, sobre todo de Izquierda Unida y PSOE, ya que contienen en sí una afirmación rotunda de sus postulados; a saber, que el trabajo asalariado, la concepción economicista del mundo y el embrutecimiento espiritual del ciudadano moderno son un hecho asumidísimo.

Partido Popular y PSOE, como metáfora, cenit, del enfrentamiento parlamentario, comparten una misma axiología: el culto al Estado, el economicismo como cosmovisión, el militarismo como defensa legítima de la violencia, el aburguesamiento como reclamo para el hedonismo como forma de vida (la entrega irremisible al placer de la vida), el progresismo infatigable hacia el paraíso (concebido dentro actualmente como ‘Estado de Bienestar’), amén de concreciones más relativas. En lo referente al Estado de Bienestar, como cúlmen del delegacionismo civil, en el cuál el ciudadano es llamado a no hacer nada más que al ocio, al consumo y al disfrute hedonista del mundo, toda la partitocracia lo prescribe. Este estado es presentado como una conquista soberana de las libertades individuales, y su defensa irreflexiva pasa por asumirlo, de nuevo, como ‘necesidad’ democrática donde todo esté provisto por el Estado, de forma que el mega-delegacionismo haya conducido del todo la voluntad popular al mero ejercicio de condescendencia silenciosa, nada más que expresada falazmente en urnas tras cuatro años. Dentro de esta configuración del Estado, la política mantenida por todos los partidos es de nuevo, sustantivamente, la misma. En lo relativo a la sanidad, de nuevo se mantiene el tinglado de una eterna batalla, en este caso entre la gestión ‘pública’ (estatal) o privada, que nada dice al respecto de los propios cuidados sanitarios, y aparta el debate sobre lo esencial del asunto. Los defensores a ultranza de lo ‘público’ como necesario, aparte de realizar una apología monstruosa del Estado, lo hacen para proteger a su sanidad del ‘mercado privado’, convenido, desconsiderado; pero olvidan que la dictadura del capital no escapa al Estado, ni mucho menos, pues es éste el principal impulsor de aquella, legislando a su favor, y por supuesto, aplicándola, ya que el Estado, no se olvide, es el principal organismo que confisca al sujeto, mediante impuestos directos e indirectos. La apología de la sanidad pública (lo mismo ocurre con la educación) en el alegato irreal de que así las leyes del capital no infieren es una pamplina absurda, que además refuerza al Estado como primera empresa reguladora de la vida civil, que es en realidad lo que es. Lo que subyace detrás de esos discursos es la lógica oposición de la gente a pagar al Estado y tener que pagar paralelamente por los cuidados sanitarios, pero eso no quiere decir que la sanidad privada sea sustancialmente distinta a la ofrecida por el Estado, pues son lo mismo, Estado y empresa, el primero mega-empresa de hecho, que cuenta con la legitimidad de gobierno, ante cuya insumisión puede poner en marcha su empresa de seguridad propia, el ejército y la policía.

1354049649700

En lo referente a la educación, se hace válido lo dicho anteriormente: la educación estatal no es, en esencia, distinta a la ofrecida por empresas privadas, pues toda ella está confinada al adoctrinamiento en masa del sujeto conforme a unos ideales que ambos, Estado y empresas, comparten. No conforma ninguna conquista un sistema de educación pública gratuito al completo, salvo que la población se entregará inexorablemente a alabarlo en tanto ‘público’, y no habrá de pagar por ello, por lo que establecerá que es buenísimo, loable y que ‘conduce a los jóvenes hacia un buen futuro laboral’. Eso, de todas todas, es repudiable, pues de nuevo nada se dice sobre la esencia misma de la docencia, hoy día mantenida como un adoctrinamiento social indispensable en la ideología del poder, que consiste en introducir machaconamente en la mente de los jóvenes sus ideas para anular el pensamiento crítico propio humano e intervenir de forma pronta las conciencias, a sabiendas del gran impacto que tiene modularlas desde la infancia. Ninguna ley de educación promulgada por PP o PSOE difiere en lo más mínimo en lo sustantivo, y nada más que pone en práctica modificaciones ridículas para contentar a su parte respectiva del electorado. La educación estatal (conforme a su ideología) hoy es deplorable, pues produce seres confinados a construir sus vidas (educados en ello) conforme a las prescripciones impuestas, antes mencionadas: la de reducir la vida al asalariamiento, el goce epicúreo, el eudemonismo como meta inexorable del destino humano, además de restar atención sobre otras cuestiones, particulares a cada persona como persona única, sin siquiera entrar a considerar el repudiable sistema de evaluación basado en la autoridad y nada más que en la autoridad. De nuevo, todo el Parlamento conspira para que ello siga siendo así, y cada vez más preciso, más eficaz.

La perspectiva económica, huelga decirlo, es del todo idéntica, en todo el espectro parlamentario. Los matices impropios de la ciencia económica, destinados a confinar su lenguaje en algo ininteligible y de una precisión irrealista, diferencian entre cuestiones inútiles y secundarias, como el intervencionismo estatal o la libre deriva mercantilista, que de nuevo sólo recogen una defensa manifiesta o silenciosa del Estado. Tanto la una como la otra resultan en defender el mercado en su actual condición despótica imperialista, bien con autonomía propia (resultando en su búsqueda particular de rendimiento), bien tutelado por el Estado (resultando en exactamente el mismo beneficio particular y oligárquico). Las diferencias producidas por cada visión no son orgánicas sino formales, y en el fondo de cada caso reside la misma vara, el mismo sustrato. El empecinamiento que suele originar la cuestión económica origina una batalla delirante sin final, pues los bandos son en realidad imágenes especulares de sí mismos, impracticables en totalidad, de forma que siempre resuenan las voces de los inconformes por una aplicación de cada uno ‘ilegítima’ o incompleta, reavivando los ánimos para continuar su particular lucha hasta ejecutarla ‘en perfección’, algo que nunca ocurre ni puede ocurrir. En general la cuestión económica desatiende la economía real, la del individuo con su medio de vida, su manera de manejar los recursos, y se ocupa de teorías librescas muy alejadas de una visión practica, de forma que puede continuar así enfrascada todo lo que quiera (en general, todo lo que las remuneraciones de sus profesionales, a través de manuales o cátedras, den de si)

En matería de ecología, dado que la lógica imperativa es la económica-productivista (es decir, lo productivo por encima de cualquier otro valor, incluido lo sostenible, lo ético), es evidente que ningún partido respeta por encima de otro la cuestión. A destacar, como demagogia repudiable, son los constantes intentos de llevar a cabo proyectos ‘verdes’ desde el Parlamento, que nada mas que consisten en destinar más o menos presupuesto de inversión en esto o aquello, sin considerar que es precisamente la presupuestación de la ecología la que la impide. Los conatos paradisíacos de Izquierda Unida, en su afán demagógico de convertir ciudades en espacios ‘verdes’, es del todo detestable, pues éstos se realizan siempre a costa de socavar tantos y tan diversos principios de sostenibilidad ecológica, concretos para cada caso, que hacen de sus acciones una mera recolecta de votos.

Las cuestiones referentes al ejército y a la tenencia y uso de armas, así como, en general, al expolio indiscrimiado de otras regiones, alejadas de la cotidianidad inmanente española, que parece que por no verlas no existen, son exactamente idénticas en todo el arco parlamentario. De nuevo la demagogia izquierdista sobre la protección del pobre y del ‘tercer mundo’ dejan mucho que desear, pues éstos sólo existen gracias a que el parlamentarismo, como axioma operante del ente estatal, existe y ha existido durante siglos de imperialismo destructor. El ejército goza de un respaldo legislativo, como aparato de represión, que ampara la propia Constitución, la cuál es santo de devoción de todos los partidos políticos, lo que les hace cómplices de dicha alabanza. El poder militar tiene permiso legal para imponerse, en estados que el propio Estado decrete, como los de excepción y sitio, en los cuáles se suspenderían parte de las garantías constitucionales, lo que manifiesta de forma concisa y explícita cómo el Estado, en caso de sentirse amenazado por una rebeldía significativa, puede tomar las armas con impunidad moral y protección normativa. Este hecho habla por sí mismo: el Estado sólo es Estado de todos mientras las cosas le sean favorables; en caso contrario, puede ejercer legítimamente la fuerza sobre los que no se adecuen a su norma.

Se puede argüir positivamente, como colofón, que en materia de confesión, hoy se practica, se promueve y se impone la fe en el Estado. Las confesiones religiosas han pasado a segundo plano, pues éstas han terminado también por sucumbir a la ideología neoliberal, de forma que la asumen como legítima. La conversión del ciudadano a uno u otro credo religioso es indiferente para el poder, pues todas las iglesias tienen (en primer lugar, si quieren tener legalidad constitucional en el país) que asumir las reglas del juego.

Estos son, perfilados, sólo esbozos de las coincidencias de todo el ente parlamentario. Existen otra buena cantidad de acuerdos no escritos, mantenidos como doctrina inquebrantable, por ejemplo la cuestión de las autonomías, cuya distinta postura, risoria como reflexión integral, ocupa todo un debate aparte, que termina por alumbrar que sólo los intereses de poder mueven el discurso institucional sobre la independencia o el centralismo inmóvil. Postrarse ante la Unión Europea y los tratados internacionales suponen otra convergencia importante, coherente con la razón de Estado, que así sigue su camino delirante por extender su dominio hacia meta-Estados, o delegaciones de poder trasnacionales, que componen cada día con más acierto no sólo un sistema de un único partido, sino un Estado de Estados. Tras toda la monserga de la globalización de mercados subyace la creación con cada vez más determinación de instituciones estatales internacionales, aún no expresadas como Estado convencional, sino como delegación de funciones de la autonomía nacional a instituciones superiores, que dan entidad y poder a dichos mercados (y no al reves). Huelga decir que la creación de un Único Estado reproduciría con mayor complejidad y profundidad los males de su concreción discreta, hoy día desintegrándose a la postre de aquél, que cada día parece más evidente en el futuro. También resuena evidente concluir que la solución proyectada sobre el futuro de todos los problemas de nuestra sociedad no pasa por el parlamentarismo, y no puede pasar por él, porque su corruptela es intrínseca, y en el caso de construir una sociedad cuyo centro de gravedad moral fuese determinante y elevado, un sistema político de representación se desmembraría en su fútil e incomprensible existencia, pasandose a ejercer el gobierno desde la responsabilidad de cada persona consigo misma y con el resto.

metropolis

_______

Toda particular batalla, por cuestiones que desmerezcan ser tildadas de sustantivas (que debe hacerse activamente), no merece desprestigio en sí, sino sólo si dicha acción se confina como la totalidad de la crítica, de forma que se niega la calidad de la batalla de adjetiva, transitoria, parcial, concreta. La demencia de la sociedad que vivimos extiende sus tentáculos sobre nosotros de muchas formas, y uno de ellos, aunque tentáculo, puede significar para nosotros un mundo, la totalidad del problema. Luchar incesantemente contra la injusticia personificada que nos atañe es sólo la mitad de la cuestión; la otra es reconocerle la calidad de parcial, discreta y personal, y no olvidar que sólo se trata de nuestro caso, existiendo una causa detrás del problema, ante cuya solución dicha causa no se evapora. El interés particular exacerbado, que guía casi toda protesta hoy día, como triunfo del ideal burgués de egoísmo abandonado, es un enemigo que nos hace inhábiles de separar lo fáctico y aplicado de lo reflexionado, y nos reduce a considerar sólo lo primero como fin, aunque su ejecución justifique los medios. Los movimientos de protesta civil, desde hace décadas, se extinguen cuando su concesión se hace efectiva, exhibiendose así su calidad posibilista, accesoria, particularista. Con ellos como único vehículo de protesta, el poder goza enaltecido otorgando concesiones aquí y allí, porque sabe que la causa de su triunfo no está en lo que se concede, sino en lo que se pide (o en lo que no se pide). 

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

w

Conectando a %s