PSOE+Podemos: infierno convivencial y violaciones legales

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El acuerdo a Presupuestos negociado y ratificado durante los últimos días constituye finalmente a PSOE y Podemos como Frente unificado de izquierda. Sus dos marcas, la de Gobierno de España y la de Podemos firman juntas un documento que compone, primero, un acuerdo ideológico, no sólo con arreglo a teoría económica, sino con foco en otras cuestiones incluso más decisivas, como es la cuestión feminista y de género, ya habituales como avatar de vanguardia de la causa progresista.
En el documento se alega que la causa feminista “es clave para el bienestar social y el progreso económico”, asunto que se trata en el epígrafe 8. La habitual y etérea formulación buenista de la izquierda da luego paso a proposiciones concretas que deben ser estudiadas como signo de la política que se quiere implementar. En este primer panfleto de acuerdo entre PSOE y Podemos (que recaudará, previsiblemente, más apoyos en el Congreso) es donde por primera vez se formaliza el compromiso en legislar las relaciones sexuales como generalidad, esto es, cubrir las relaciones eróticas entre sexos con la rúbrica de la ley, tipificando lo legal y lo delictivo, sin que sea lo anecdótico y lo casual (un desacuerdo, una violación, etc.) el abordaje primero. Aquí se pretende extender la potestad legal de dirimir entre lo adecuado e inadecuado a toda relación sexual íntima entre los sexos, y se empieza por apuntalar que sólo el consentimiento expreso de una mujer otorga legitimidad legal al encuentro sexual.
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En primer lugar, esto supone una intolerable intromisión de la ley, esto es, del Estado, en las relaciones íntimas personales, sagrado espacio de la vida privada de las personas, para el que se estipula una reforma de nada menos que el Código Penal. Es del todo ilegítimo y execrable que la ley estipule la conducta que cada persona llevamos en nuestra intimidad apolítica, que defina marcos de legalidad según qué supuestos, y esta reforma camina hacia esta dirección, pues configura un nuevo tipo penal sexual que requiere de una burocracia impositiva para confirmar la voluntad de las partes en el acto sexual privado. Es decir, se requiere una carga probatoria de la voluntad o consentimiento en el acto sexual, y “todo lo demás es no”. Ni siquiera esto es así, pues para más descaro sólo se quiere exigir la voluntad expresa de la mujer en sus relaciones sexuales. Esta reforma quiere conceptualizar y hacer normativo que, en ausencia de consentimiento demostrable, las personas (los hombres) pueden concurrir en delitos penales. Esta intromisión, repudiable en sí como asalto de nuestros espacios convivenciales, se realiza de la forma más deleznable posible, otorgando sólo a la mujer la capacidad legal de argüir que su falta de consentimiento expreso indica una violación de su voluntad, “sólo sí expreso es sí y todo lo demás es no”.

 

Infierno convivencial

El descenso de estas formulaciones a la realidad de las relaciones humanas dibuja un maquiavélico infierno convivencial. La vida de lo que es quizás nuestra intimidad más personal, nuestra sexualidad y nuestro encuentro sexual con los demás, queda intervenida por la ley, que se arroja la potestad de establecer categorías penales generales a todo encuentro entre pares, bajo la ya desvirtuada consigna de proteger la integridad sexual (de las mujeres).
La asimetría legal que otorga semejantes privilegios a las mujeres coacciona la libertad sexual entre iguales, que queda sujeta al ojo de la ley. El encuentro sexual ya no es un espacio liberado de la moral estatal, sino que, de no suscribir sus preceptos, puede constituir una ofensa, no ya personal hacia la otra persona, sino hacia la administración misma, como tipo penal formal. Esta norma sexual que quiere imponerse obliga a los hombres a tener que considerar la dimensión legal para su relación afectiva y les hace necesitar de ese consentimiento expreso demostrable para no ser, como posibilidad, señalados como agresores sexuales. Esta realidad levanta un muro entre los sexos y cancela el deseo erótico como una pulsión humana ajena a la política. El erotismo, como dimensión prepolítica, queda coartado y por tanto impedido bajo la nueva burocracia feminista. Lo espontáneo del encuentro afectivo entre hombres y mujeres debe sacrificarse por el contrato entre partes con arreglo a una suerte de psicosis social que ha cincelado en la mente colectiva la eterna amenaza del sexo heterosexual como una violación de la voluntad de la mujer. Así, mujeres y hombres se temen, las primeras por ser inducidas a apoyar medidas que se dicen “feministas” pero que ahondan en victimizarlas hasta límites indecibles, hasta que su síndrome de inseguridad les hace temer el más leve pestañeo que identifican como una violación en ciernes. Por su parte, ser varón es un agravane penal y de cara a la ley los hombres deben anteponer su capacidad de probar su inocencia ante posibles acusaciones que no garantizan su derecho a la defensa, amparada en el derecho natural de la presunción de inocencia, figura que ya es ninguneada y cuestionada abiertamente por personajes como Manuela Carmena o movimientos como el #metoo. El resultado: los encuentros heterosexuales están cada vez más intervenidos, más dificultados y expuestos a condicionantes propios de un puritanismo sórdido, y el deseo sexual languidece como dimensión humana no política, preso del deseo estatal de introducir la ley en el dormitorio.
Por si fuera poco, cabe añadir otra realidad monstruosa que deviene de la aplicación de estos principios normativos. Por supuesto que todo el mundo sabe que una persona que quiera violentar sexualmente a otra de forma contraria a su voluntad no va a solicitar ningún permiso, pues el propio acto violento implica la negación de la calidad humana decisoria. Por lo tanto, estas medidas no van a impedir las violaciones y agresiones sexuales reales, de la misma forma que la Ley de Violencia de Género no impide las agresiones en la pareja. Pero, además, bajo las nuevas leyes de consentimiento, si un encuentro sexual queda legitimado con el consentimiento expreso de la mujer, bastará con manipular, coaccionar o falsear dicha prueba de voluntad para nada más y nada menos que hacer legal una violación sexual. Este escenario obliga a pensar en situaciones donde mujeres sometidas y coaccionadas de muy distinta forma otorgan un consentimiento expreso vaciado de su voluntad real, por miedo y parálisis, que luego serían incapaces de contradecir bajo esta nueva justicia feminista. La voluntad de una mujer queda así presa no de su propia evocación ante un tribunal, llegado el caso, sino como juramento al encuentro sexual, bien a través de mensajes, aplicaciones de consentimiento, firmas, etc., lo que abre la puerta a que el verdadero violador ponga su empeño en asegurar la coartada de dichas pruebas para formalizar un acto violento sexual incapaz de ser atajado por la justicia. Así, una mujer que no otorga un consentimiento expreso tendrá cada vez más dificultades para encontrar un compañero, temerosos éstos del abuso que la ley pone en manos de la mujer de forma potencial; pero si concede el consentimiento, tendrá impedimentos añadidos si quisiera retractarse de cara a la ley si, por ejemplo, ese encuentro se torna indecente, violento o contrario a la voluntad real de la persona. Retractarse implicará arremeter contra el artificio del consentimiento expreso, que confina su voluntad, y deberá aportar más pruebas de las debidas para probar situaciones de abuso reales.
Las propuestas sobre el consentimiento sexual que abandera la nueva izquierda, ya en bloque, todos a una, les señala como maestros en la desintegración de las dimensiones humanas de las personas. Su afán totalizante, policial y carcelario les hace verdugos del pueblo que dicen defender. La indecencia moral de sus dirigentes les hace firmar propuestas políticas que pueden volverse en contra de sí mismos, por lo que el hacer de sus dirigentes no puede ni siquiera entenderse como un egoísmo embrutecido, sino más bien como un acto de irreflexión malvada, inconsciente y demencial. 
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