Estados Unidos: más Estado y más capitalismo (II)

werweAmerican Progress, John Gast

En una primera parte de este texto se ha visto cómo la historia del caso inglés es prueba de que el capitalismo está supeditado al interés del Estado; su “pleno florecimiento es también el pleno florecimiento del Estado moderno en el siglo XIX”[1]. El capitalismo debe ser entendido como una estrategia política del poder, una enorme intervención para apuntalar un sistema económico previo fragmentario, de manera que los caudales de una riqueza potenciada redundasen en beneficios concentrados para el Estado. El caso estadounidense da prueba de lo mismo y concede acierto a las aseveraciones del antropólogo Pierre Clastres, cuando en La sociedad contra el Estado declara: “La relación política de poder precede y fundamenta la relación económica […] Antes de que sea económica, la alienación es política, el poder es anterior al trabajo, lo económico es una derivación de lo político.”[2] El interés por la potenciación de la riqueza nacional expresado en documentos políticos de finales del siglo XVIII coincide con la mentalidad desarrollista y aduladora del progreso material-económico propia del liberalismo. Los fundamentos de su filosofía política, el respeto por la integridad individual, fueron el pretexto perfecto para defender la primacía de los nuevos sistemas constitucionales, que pretendieron estatuir un ordenamiento centralizado liberal-capitalista sobre los territorios. La concesión formal de derechos para el individuo vino acompañada de la instauración de un régimen específico de titularidad de la tierra y de la propiedad, un sistema jurídico, fiscal, administrativo; un concepto particular sobre la soberanía de los pueblos, sindicada ahora bajo los nacientes conceptos de “nación” y de “representación”, etcétera. Lo fundamental es comprender que este nuevo sistema legal y todas las medidas que se tomaron para su instauración propiciaron un cambio no sólo en la arquitectura política externa de las sociedades sino también un vuelco en los sistemas de ideas, valores, actitudes, hábitos, costumbres; en la subjetividad e integridad de las personas a las que se sometió al giro copernicano liberal-capitalista.

Los cerramientos de tierras en Gales e Inglaterra fueron una de las medidas que precipitaron un cambio sustantivo en las condiciones de vida. Joanna Brooks, en su libro Why We Left, acierta sobre la cuestión sustancial: “Inglaterra colonizó sus propias tierras y dislocó a sus propios habitantes indígenas antes aún de colonizar las tierras del exterior”[3]. En efecto, el principal objetivo del nuevo Estado liberal inglés fue acomodar a sus intereses la mentalidad popular de sus propios habitantes. Las gentes que se regían por sistemas de auto-gobierno sobre derecho de costumbre “fueron cercados y exhortados a abandonar […] la tierra natal, y luego […] cruzaron el océano para tratar de hacer algo de fortuna”[4]. En su libro, Brooks recoge cómo la ola migratoria hacia las colonias americanas fue resultado de la expropiación de la tierra por parte del Estado anglosajón. Varios documentos de la época corroboran esta realidad[5]. Pero el mismo interés de intervención sobre la conciencia de las personas para justificar un régimen constitucional-liberal les esperaba a estos emigrantes en Norteamérica. Estudiar la realidad de los nacientes Estados Unidos a finales del siglo XVIII alumbra el mismo juicio: el centralismo liberal-constitucional cimentó las bases de un nuevo orden económico, inexistente ni como realidad material ni como realidad axiológica antes de las Revoluciones Liberales. Así se expone en El mundo contemporáneo: del siglo XIX al XXI: el liberalismo “funda el Leviatán moderno, en el que el Estado se convierte en el titular de la soberanía nacional y en la instancia que dispone de las facultades precisas para ejercer la dominación política, incluida la violencia”[6]. Es debido a esa dominación política, hecho objetivo que se desprende, por ejemplo, de la ausencia de sufragio universal durante más de 175 años de ordenamiento constitucional-liberal, que la ideología del laissez-faire debe ser entendida como apéndice del Estado, al que sirve y del que se sirve: se privilegió de un rígido marco normativo no-libre sobre el que sujetar una progresiva acumulación de capitales, y a su vez potenció a la administración central, pues formalizó un mercado de trabajo cada vez más unificado sobre el que tributar de manera más eficiente, además de contribuir activamente a engrosar la riqueza nacional. No otra cosa aseveró Alexis de Tocqueville: los cambios políticos salidos de las revoluciones francesa y americana tuvieron por objetivo “aumentar el poder y los derechos de la autoridad pública”[7]. Tocqueville calificó de “horrible convulsión” la operación que destruyó el ethos socio-político previo al periodo revolucionario. Su obra La democracia en América da cuenta de la riqueza civilizatoria existente en los nacientes Estados Unidos y de cómo los procesos de concentración de poder en el Estado a través del ordenamiento liberal-constitucional extinguieron otras cosmovisiones, aspiraciones y prácticas habidas entre sus gentes.

 

Estados Unidos, hacia la centralización impositiva

Lo que muchos de los llegados a las colonias americanas durante el siglo XVIII llevaron consigo fue una idiosincrasia popular. Su subjetividad particular ya había sido definida como indómita[8], reacia a la autoridad, con una potente cultura del auto-gobierno y de la vida en común; frugal, desatenta del desarrollismo y centrada en economías de auto-abastecimiento. Dana D. Nelson, en su obra Democracia Común, recoge cómo esta subjetividad de las gentes del agro inglés consiguió arraigar en suelo norteamericano, muy a menudo en consonancia con prácticas políticas de auto-gobierno indígenas[9]. Nelson detalla cómo “el derecho de auto-gobierno del pueblo, tanto para demandar como para ejercer un gobierno justo, floreció a medida que las Colonias evolucionaban hacia la Revolución”[10]. En efecto, el pacto por la independencia de Gran Bretaña estuvo motivado por deseos extendidos de auto-determinación, pero no sujetos inicialmente a una nueva identidad nacional sino movidos por el ánimo de auto-gobierno local. Este ánimo se materializó en una práctica democrática “robustamente participativa, insistentemente local, rudamente igualitaria”[11], cuyos ordenamientos consagraban el rol activo de los ciudadanos[12]. Christian Fritz, en American Sovereigns expresa: “el pueblo dio su consentimiento a través de su conducta, y su activa participación reforzó el mensaje de que él era el nuevo soberano de América”[13]. De esta manera el pueblo se adjudicó “poderes indelegables antes, durante y especialmente después de haber ratificado un tipo de gobierno”[14]. Durante la década de 1770, antes de la Constitución fundacional de los Estados Unidos, muchos ordenamientos regionales declaraban que “el pueblo era la única fuente de poder legítimo”[15]. Nelson sigue a Tocqueville en su libro y demuestra que la democracia no sólo precedió a la Constitución fundacional sino que, además, ésta degradó de manera autoritaria una práctica democrática previa asentada en principios convivenciales, de participación activa, que fueron sustituidos por la pasividad del sistema de representación, sobre el que además no operó un sistema de sufragio universal hasta 1965, esto es, hasta pasados más de 175 años[16]. En efecto, la Constitución americana, de inspiración liberal, instauró una dictadura política de casi dos siglos de duración, y so pretexto de la libertad del individuo, desarticuló regímenes comunitarios donde la participación política de hombres y mujeres era una realidad no excepcional[17].

Tras el pacto de independencia de Gran Bretaña, se abandonan progresivamente los ideales democráticos originales: “para asegurarse el crédito externo y financiar su visión de grandeza para la economía nacional, la élite comenzó a levantar lo que sus miembros llamaban barreras contra la democracia”[18]. La propia mentalidad de auto-gobierno y su poco interés productivista conformaban esa principal “barrera”, enemigo a derribar por el constitucionalismo federal. Los primeros gobiernos estatales hicieron parecer “como si la democracia fuera el regalo de los Constituyentes a las masas ignorantes”, para desarticular su apego al sistema de auto-gobierno[19]. Vemos aquí, de nuevo, que la necesidad de potenciar la riqueza nacional fue lo que movilizó a la razón de Estado a pervertir las ideas democráticas originarias del sentimiento de independencia y encauzarlas en un sistema que permitiese a las élites estatales acaudalar un potente numerario. Adam Smith ya había aseverado cómo la potenciación de la riqueza nacional debía ser la meta estratégica de las operaciones de colonización europeas mediante una mentalidad de subordinación y productivismo agrario nacional[20]. Una vez estas colonias lograron la independencia del dominio inglés, un segmento minoritario de población decidió emprender el mismo camino desarrollista para competir con sus antiguas metrópolis en el tablero geopolítico e imponerse al resto. En la misma línea de Smith se sitúan las declaraciones cosistas, productivistas y desarrollistas de otros exponentes del liberalismo, que coinciden con declaraciones salidas de funcionarios del Estado[21]. Es el caso de Mises, una vez más, cuando en La mentalidad anticapitalista acota la definición de progreso a prosperidad material, y la sujeta sobre categorías de “acumulación de capital, el espíritu empresarial y el ingenio técnico”[22], tres categorías que en lo sustancial son de las que se vale el Estado (y no un libre mercado que, precisamente por ello, no existe) para potenciar su estructura y así su poder.

Estado y liberalismo comparten una misma cosmovisión nacional-capitalista, esto es, un mismo afán por maximizar la riqueza material y organizarla como producto nacional, lo que explica que el Estado se sirviera de esta ideología para confeccionar su particular manifestación decimonónica. Tal y como señala Michael Goldman, “la cultura Común del uso compartido de las tierras fue atacada sobre la base de que era anti-progresista”[23]. Pero obras como Re-imagining the New American Republic as a Developing Country dan cuenta de la enorme indisposición de las gentes del común de la época a dejarse arrastrar a este estado de cosas: “muchos, si no todos, los hombres del común vieron al sistema capitalista emergente como una amenaza a sus ideales democráticos, en cuanto a que este transfería el poder a la élite y socavaba la igualdad económica que ellos creían necesaria para la supervivencia de la democracia”. Estos hombres “raramente articulaban una visión de la democracia afín al capitalismo liberal”[24]. El choque entre la cosmovisión liberal-estatal, delegacionista, productivista y de sumisión a una ley confeccionada por cargos no electos, y un orden local tendente a ser auto-suficiente y auto-organizado[25], de la participación y de la ley consensuada (el mismo choque que los avatares del siglo llevaron a Inglaterra, Francia, España, …) provocó numerosas revueltas y tumulto popular. Woody Holton, en Unruly Americans and the Origins of the Constitution, detalla cómo la sociedad que instaura la Constitución fundacional sufría una carga impositiva de 3 a 5 veces mayor que la habida una década antes. Ello demuestra que la principal obra del liberalismo histórico fue el ensanchamiento del Estado y la potenciación de los medios recaudatorios y de dominación mediante un sometimiento agresivo o latente, sostenido en el tiempo, y la desarticulación de cualquier otro tipo de concepción no compatible con los avatares del progreso económico material prescrito por las diversas doctrinas económicas liberales que, si bien diferentes en las recetas, compartían el mismo espíritu postrado ante la riqueza material.

La insumisión fiscal fue la tónica general que propició rebeliones[26] como las conocidas como Anti-rent wars, o la Rebelión de Shays, que hizo que los vecinos de Massachusetts tomaran las armas contra el fisco. El gobierno federal instó al pago de impuestos en moneda[27] (lo que significa que antes de ello no ocurría), de la misma forma que hará el liberalismo en España, con la obligatoriedad del pago de impuestos en moneda impuesto a partir de 1821 durante el Trienio Liberal-Constitucional. Otro ejemplo fue la resistencia organizada de los habitantes de Kentucky al famoso impuesto sobre el whisky, que “predecía las dificultades que encontraría el gobierno federal para convencer a los ciudadanos de profundizar su rol como auto-subordinados”[28]. Como exponen Félix Rodrigo Mora y Esteban Vidal en el prólogo a la versión en castellano del libro citado de Dana D. Nelson, el Estado federal estadounidense, “con sus políticas, incentivó una ola especulativa sin precedentes gracias al haberse apropiado de una ingente cantidad de tierras, sobre las que a su vez expidió títulos de propiedad. La política federal en esta materia siguió esta misma tónica durante el resto del siglo XIX con la venta de millones de hectáreas. Una clara muestra de esto fueron las sucesivas leyes aprobadas por el congreso de EEUU, como fue la Homestead Act de 1862, que permitió la venta de 100 millones de hectáreas, es decir, alrededor del 10% de la superficie del país. Todo esto permitió al gobierno federal recaudar una cantidad fabulosa de recursos financieros”. Para estos autores “la experiencia estadounidense es un ejemplo más, de los muchos que existen, de que el Estado es el que crea y desarrolla el capitalismo como sistema socioeconómico, en tanto y en cuanto es el que establece las condiciones que permiten su aparición. La promulgación de leyes que reconocen el derecho a la propiedad privada en los medios de producción es lo que ofrece la necesaria seguridad jurídica para la formación de las formas de producción capitalistas, ya que el Estado garantiza la protección de dicho derecho mediante su fuerza represiva”.

 

La nacionalización de las conciencias

La pretendida operación ejercida por el Estado federal de nacionalización de las masas, esto es, incrustar y afianzar los principios normativos e ideológicos del orden liberal-capitalista (la “colonización de sus propias tierras”) fue un proceso convulso, largo, aún no logrado “ni en los 1850s”[29] debido a la oposición popular, un proceso cuyo éxito se basó en una mezcla de sometimiento por la fuerza y amaestramiento por el hábito. Antes de la Constitución proliferaron “costumbres que demandaban de todos su cooperación en la erección de los graneros (o la iglesia); costumbres que daban por seguro que las gentes podían resolver sus discrepancias entre ellas, sin la ayuda de abogados, jueces, o reglas pergeñadas en el congreso estatal o el federal; costumbres que imaginaban un bien común emanante de vecinos trabajando juntos”[30]. Las comunidades populares no promulgaban su auto-determinación de manera jurídica o formal, sino que de facto ejercían su soberanía. El aforismo “la libertad es participar del poder” se materializó en potestades civiles populares tales como “prestar servicio en las milicias locales auto-gobernadas”, es decir, el poder de las armas era el que salvaguardaba los órdenes populares en alto grado soberanos, de la misma forma que, de manera cruenta, el poder coercitivo-militar terminará por consolidar el poder del Estado. Así lo confirma Ron Formisano, que en For the people: American Populist Movements from the Revolution to the 1850s sostiene que, hacia 1840, “el clima ideológico sobre la soberanía indelegable del pueblo de la era Revolucionaria se había debilitado. Aunque muchos americanos aún conservaron cierta creencia en el principio de que la soberanía y autoridad residía en última instancia en el pueblo y no en un gobierno delegado, un escenario político cambiante estaba minando la capacidad y voluntad de actuar en consecuencia”[31]. Margaret Canovan prescribe este agotamiento de los sentimientos populares: “la fe del liberalismo en el progreso no puede evitar la devaluación de la cultura existente, de los valores y el estilo de vida de la mayoría de aquellos a quienes esté dirigida”.[32]

A Tocqueville se le adjudica una cita que reverbera con atemporalidad en la Historia conocida: “es de hecho difícil imaginar cómo hombres que han renunciado al hábito de dirigir sus propios asuntos pudieran tener éxito al escoger bien a aquéllos que deben liderarlos; y no puede creerse que un gobierno liberal, energético y sabio pueda nunca deducirse de los votos de una nación de sirvientes”. El liberalismo fue agente activo principal en el desmantelamiento de esa capacidad civil para decidir sobre sí, para auto-gobernarse, no sólo como ensayo histórico sino también desde su propia doctrina, pues su confianza en el principio de representación sirve de semillero a la delegación, al abandonar lo político en manos de profesionales, perdiéndose así la capacidad de “participar del poder” desde la sabiduría práctica y activa de la realización de la vida política en comunidad horizontal. El liberalismo además fue fuente doctrinal para afianzar los títulos de propiedad que, como se ha expuesto, el Estado impuso mediante la usurpación de terrenos y bienes de uso común y la extinción de otros regímenes jurídico-normativos con distintas consideraciones sobre la tierra, lo que entre otras cosas consolidó un régimen generalizado de trabajo asalariado. Esta conjunción de factores extinguió los espacios de deliberación activa en común: se confinó el trabajo al cumplimiento de un rígido ordenamiento empresarial vertical, a la vez que se sustituyeron prácticas de intervención en la vida política por principios de delegación-representación, sin que ni siquiera éstos fuesen universales pues, como se ha dicho, el sufragio universal no se ejerció hasta pasados 177 años. Todo ello nos devuelve a lo mismo, que se repetirá para el caso español, como ocurrió con el inglés: el Estado modificó de manera fundamental y autoritaria las realidades decimonónicas, las materiales y las ideológicas. Un estudio sobre la genealogía de nuestras sociedades que no tenga en cuenta la dimensión procedimental, cómo hemos llegado hasta aquí, es incapaz de desentrañar el papel real e histórico, y no doctrinal o teórico-especulativo, del Estado, del capitalismo y del liberalismo.

[1] Otto Hintze, Historia de las formas políticas, 1968 pág. 305

[2] Pierre Clastres, La sociedad contra el Estado, 1978 pág. 173 [la negrita es de elaboración propia]

[3] Joanna Brooks, Why We Left: Untold Stories and Songs of America’s First Immigrants, citado en Democracia Común. La política de participación en los primeros Estados Unidos, Dana D. Nelson, pág. 63

[4] Ibíd. pág. 19

[5] “after enclosure and the foreclosure of mortgages, these families moved to other parishes (if they could afford a settlement) or they left, indentured, for America”, en Cursory Remarks on Inclosures, Shewing the Pernicious and Destructive Consequences of Inclosing Common Fields &c by a Country Farmer, 1786, pág. 20

[6]Ramón Villares, Ángel Bahamonde, El mundo contemporáneo: del siglo XIX al XXI, 2012, pág. 49

[7] Alexis de Tocqueville, El Antiguo Régimen y la Revolución, 1856 pág. 26

[8] “very rough and savage in their Dispositions, of leveling Principles, refractory to Government”, en Campania Foelix, or a Discourse of the Benefits and Improvements of Husbandry, Timothy Nourse , 1700, pág. 15

[9] No hay que idealizar el indigenismo “por el mero hecho de serlo”, ni tampoco condenarlo a las sombras primitivas de la Historia. Su realidad heterogénea obliga a una mirada dedicada para cada tiempo y cada región. Un documento interesante sobre indigenismo mexicano y sus sistemas comunales es Sobre la propiedad comunal de los pueblos, de la reforma a la revolución, de Emilio Kourí, donde se asevera: “Los pueblos poseían sus tierras en forma comunal, según les habían sido otorgadas a partir de la conquista española y —al menos en zonas de población indígena— de acuerdo con prácticas y costumbres sociales de raíz precolombina”

[10] Dana D. Nelson, Democracia Común… pág. 101

[11] Ibíd. pág. 71

[12] “Esta actitud y expectación de un rol activo como soberanos logicamente fomentó el derecho de la gente a ser más activa en el gobierno del día a día”, en American Sovereigns: The People and America’s Constitutional Tradition Before the Civil War, Christian Fritz pág. 22

[13] Ibíd. pág. 1

[14] Ibíd. pág. 156

[15] Willi Paul Adams, The First American Constitutions: Republican Ideology and the Making of the State Constitutions in the Revolutionary Era, 2001 pág. 135

[16] El sufragio universal es concedido en Estados Unidos en 1920 con el sufragio femenino, esto es, 133 años después de la promulgación de la Constitución. Calificar de sufragio universal lo habido antes de esa fecha es un ejercicio de misoginia intolerable. Pero sólo se hará efectivo con la Voting Rights Act de 1965, que aseguró las condiciones para el ejercicio del voto real de minorías raciales.

[17] Marcus Gallo realiza una investigación para comunidades de Pensilvania (la misma región que verá nacer la Constitución) en las que sus gentes auto-gestionaban incluso un poder judicial mediante la formación y disolución de tribunales, de manera que sus miembros “cimentaron los lazos comunitarios entre los hombres y mujeres que dependían los unos de los otros para sobrevivir”. Ron Formisano expone que “durante la era de la Revolución americana, muchos americanos blancos del común, hombres y mujeres, creyeron que la soberanía popular les habilitaba […] para regular la autoridad rebelde”, en For the people: American Populist Movements from the Revolution to the 1850s, 2008 pág. 191

[18] Dana N. Nelson, Democracia Común… pág. 73

[19] Ibíd. pág 74

[20] “The colony of a civilised nation which takes possession either of a waste country, or of one so thinly inhabited that the natives easily give place to the new settlers, advances more rapidly to wealth and greatness than any other human society […] The colonists carry out with them a knowledge of agriculture and of other useful arts superior to what can grow up of its own accord in the course of many centuries among savage and barbarous nations. They carry out with them, too, the habit of subordination, some notion of the regular government which takes place in their own country, of the system of laws which support it, and of a regular administration of justice; and they naturally establish something of the same kind in the new settlement”, en Adam Smith, An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations, 1776 pág.253

[21] Goderich, a cargo de la Colonial Office inglesa, advertía: “sin alguna división deI trabajo, sin una clase de personas deseosas de trabajar por un salario, ¿cómo puede impedirse que la sociedad caiga en un estado de tosquedad casi primitiva, y cómo van a obtenerse las comodidades y los refinamientos de la vida civilizada?”, citado en E. P. Thompson, Costumbres en Común, 1980, pág. 194. El mismo discurso materializa en España Jovellanos, lector de Adam Smith, ministro de Carlos IV en la época, en su conocido Informe sobre la ley agraria.

[22] Ludwig Von Mises, La mentalidad anticapitalista, 1958 pág. 48

[23] Michael Goldman, Introduction: the political resurgence of the Commons, 1998, pág. 24

[24] Re-imagining the New American Republic as a Developing Country: how to put class in the Revolution’s master narrative, citado en Dana D. Nelson, Democracia Común…  pág. 89

[25] Nelson detalla que la visión económica de dicho orden auto-gobernado estaba “poco interesada en aumentar el poder de la nación”, Democracia Común… pág. 72

[26] Consultar American Mobbing, de David Grimstead, para una muestra mayor de la agitación popular.

[27] El Congreso Continental reunido en Nueva York el 6 de julio de 1785 estableció el dólar como moneda oficial del naciente régimen federal.

[28] Dana D. Nelson, Democracia Común… pág. 258

[29] Ibíd. pág. 83

[30] Ibíd. [La negrita es propia]

[31] Ron Formisano, For the people… , pág. 196

[32] Margaret Canovan, The people, 2005, pág. 87 [la negrita es propia]

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