Orgullo LGTBI y la política del reconocimiento

Entre las consignas más laureadas desde las celebraciones LGTBI del mundo occidental sobresalen aquellas que claman por una mayor visibilidad de la diversidad sexual. La motivación que ello contiene es la de influir en el contexto social para ganar espacios de aceptación en lo referente a las formas de vivir nuestra sexualidad. A este ánimo contribuye en gran medida la historia indigna que diferentes opciones sexuales sufrieron en el pasado y la situación marginal y proscrita que aún perdura en algunas partes del mundo. Pero el protagonismo actual de la cuestión no lo encarna, en su mayoría, la exigencia de la despenalización de la diversidad sexual en aquellos rincones del mundo, sino que más bien pasa por exigir mayor reconocimiento en nuestras sociedades.

La idea del reconocimiento social de la particularidad de distintas minorías no implica por sí misma la subversión del ordenamiento liberal universalista, expresado en la igualdad de trato ante la ley, sin discriminación pero tampoco sin privilegio hacia ningún colectivo. Ahora bien, ambas dos opiniones, la defensa de la particularidad y la necesidad universalista deben saber transigir, dialogar y evolucionar hacia el entendimiento. La propia articulación de las sociedades humanas y de la integridad individual configuran siempre, según el signo de los tiempos, mayorías y minorías que se exigen reconocimiento mutuamente. El reconocimiento de la diferencia minoritaria no sólo es exigible como pacto civilizatorio, como aceptación colectiva, sino que configura en primer orden la salvaguarda de la propia identidad individual. El reconocimiento social determina en parte nuestra individualidad, y por ello una defensa del individuo sólo puede ser efectiva desde el reconocimiento de la diferencia. Un rechazo social a alguna parte constitutiva de nuestra integridad natural, como pueda ser nuestra vida sexual, puede generar un sentimiento de represión, auto-odio y un sufrimiento existencial severo en el individuo. La construcción de nuestra identidad como personas no se realiza exclusivamente desde uno mismo, sin fuentes externas, sino que en buena medida asumimos, aceptamos y realizamos quiénes somos con arreglo al contexto colectivo. Por ello las exigencias de igualdad de trato ante la ley, sin que deban ser abandonadas, no son garantía en sí mismas de la libertad individual.

Este hallazgo pone en cuestión cierta posición del pensamiento liberal que ve en una férrea normatividad universalista el signo absoluto de la libertad personal y entiende toda revisión de esta teoría política como innegociable. Esta posición otorga al aparato normativo legal de igualdad de trato una pretensión objetivista, una asepsia impersonal e imparcial, como si tal andamiaje legislativo fuera ajeno a todo influjo cultural y en cuyo abrigo pudiera refugiarse toda realidad social posible. El propio revisionismo que la teoría liberal realiza sobre sí misma en forma de actualización histórica de los órdenes normativos da cuenta del particularismo que en realidad alberga. La historia del matrimonio prueba cómo los límites de lo considerado en un momento como universal pueden estirarse insospechadamente para alumbrar realidades más inclusivas. Así, los detractores de esta postura acusan al liberalismo de haber funcionado como un particularismo disfrazado de universalista, que homogeneiza la diferencia bajo el canon coyuntural de turno. La “cultura hegemónica” sería el reflejo de un procedimiento político histórico determinado que invisibiliza y oprime la diferencia e impide el reconocimiento mutuo. Pero la valoración sobre el estado de reconocimiento de la diversidad sexual es, bajo un mínimo de aceptación normativa, muy difícil de dirimir, y en boca de alguno de sus defensores nunca parece ser suficiente. Tal obcecación es motivo de que el conflicto se agrave también desde el otro lado.

El reconocimiento legal de la diversidad sexual no parece ser suficiente para la militancia LGTBI, que exige que la visibilidad adquiera el rango de sedimento cultural normalizado. Esta demanda está anidada en una concepción materialista de la libertad, que asume que son las condiciones estructurales del entorno las que deciden en gran parte nuestra libertad constitutiva. Esta idea, propia del materialismo filosófico, quiere incidir en que sólo si todas las opciones sexuales están expuestas y representadas en el entramado social, uno es libre de elegir con conocimiento de causa su forma de estar en el mundo. La heterosexualidad sería un sistema opresor no desde sí mismo, sino debido a la ausencia de otras opciones sexuales visibles, que no concedería a las personas la capacidad de elección sobre su sexualidad según otros modelos. Este discurso es irreconciliable con el idealismo subjetivista del liberalismo: éste identifica como génesis de la identidad al individuo en sí mismo y desde sí mismo, mientras que aquél incide en la repercusión del entorno en la construcción de nuestra subjetividad. El entendimiento sólo puede producirse en un punto intermedio donde ambas partes comprendan la parcela de verdad que contiene el discurso de la otra. Nuestra dimensión sexual está mediada por el entorno según las nociones de lo sexual que hemos adquirido y según los modelos de conducta que validamos dentro de lo que la sociedad permite, pero también es evidente un elemento genético en nuestra forma de ser, y no resulta sensato considerar que los heterosexuales deben su condición a una pura ausencia de alternativas, pues así se les está negando, en nombre de la libertad sexual, la capacidad de ser efectivamente libres.

Mucho más grave, en cualquier caso, resulta dirigir las exigencias de reconocimiento hacia un trato normativo favorable hacia el colectivo, con privilegios de discriminación positiva o prerrogativas legales exclusivas. Este camino no promete más que la victimización perpetua del colectivo, que lejos de dejar de considerarse marginado o inferior, se reafirma tacitamente en ello para permanecer en un trato favorable, lo que conduce a una situación acomodaticia insolidaria con una igualdad real. En resumidas cuentas, este camino no conduce a un reconocimiento social por consenso y aceptación, sino por imperativo legal. El reconocimiento no se dirige así en horizontal hacia el resto de la sociedad, hacia las personas, sino en vertical hacia las instituciones, que deben garantizar tales privilegios, no solamente con indiferencia de la opinión pública sino en su perjuicio. Perjuicio debido, esencialmente, a que esta posición asume el proteccionismo institucional como garante de la libertad de las minorías y de manera implícita culpa al resto de la sociedad de su anterior sumisión, ahora aliviada por el brazo del Estado. El foco de la aceptación se desplaza del entendimiento intersubjetivo y cultural hacia lo legislativo, de forma que se generan diferentes grupúsculos sociales minoritarios protegidos de lo que, se asume, sería la barbarie interpersonal. El peligro aquí radica no sólo en la subversión de lo que se considera un logro de la cultura occidental moderna, el principio de igualdad ante la ley, sino en la articulación implícita de una opinión nefasta de nuestras relaciones interpersonales, que las consideraría en puridad destructivas e intransigentes, todos contra todos. Lo que subyace aquí es una opinión de odio entre iguales, una suerte de incapacidad innata para convivir de manera saludable. Se olvida de manera fatal que allí donde las diferentes opciones sexuales han sido y son perseguidas con mayor dureza, lo son no por obra de la gente del común, sino por mandato de marcos normativos institucionales; son perseguidas porque se ha legislado para ello. No es aceptable, por un lado, aplaudir a quienes con una épica encomiable han defendido la diferencia sexual en tiempos de represión, y por otro, dar la espalda al entendimiento humano real y solicitar en su lugar el proteccionismo normativo de instituciones bajo cuyo mismo nombre se reprimió la diferencia. Los cánticos por un amor libre que se entonan desde la defensa de la libertad sexual quedan desvirtuados si su propósito primero es encontrar apoyo en las instituciones (que así ya lo reconocen) y no el reconocimiento de otras personas. Hay una gran contradicción en señalar que la libertad sexual se realiza de manera material en la visibilidad social de distintas opciones sexuales y a la vez restar importancia al entendimiento y el diálogo saludable entre personas. ¿Quién posibilita, a fin de cuentas, esa libertad sexual, si no el resto de individuos? Sólo en la medida en que somos reconocidos, no por las instituciones sino por nuestros iguales, nuestra dimensión sexual adquiere sentido pleno.

 

La obsesión institucional

Hablar de reconocimiento horizontal significa reafirmar los espacios de diálogo interpersonales fuera de la tutela de las administraciones y de las empresas. Significa volver la mirada hacia la multiplicidad mundanal, adquirir la sabiduría experiencial de cuán diferentes somos las personas en el trato entre iguales. No todo el mundo está dispuesto a transigir con nuestras necesidades de reconocimiento, pero es difícil valorar dónde comienza la valentía por atreverse a ser, dónde la cobardía por miedo a no ser aceptado, y dónde reside la intransigencia real entre quienes se afirman a sí mismos y quienes no lo respetan. Anteponer esta búsqueda al reconocimiento institucional significa, a fin de cuentas, fundar un orden social de cooperación, encuentro y reconocimiento voluntarios, o al menos tender a ello, y reservar la protección institucional como último resorte de auxilio en situaciones de trágico desacuerdo.

Esta obsesión institucional es precisamente el principal punto de fuga de las contradicciones que ocurren hoy día en el seno del movimiento LGTBI. El debate entre las pretensiones de universalidad (todos iguales ante la ley) y el reconocimiento del particularismo de minorías sociales no conserva ya si quiera su plena vigencia, pues este particularismo que el movimiento LGTBI quiere defender se ha convertido, intramuros, en exclusivista. El colectivo se muestra reacio a integrar las voces que provienen de sectores distintos a la izquierda, y con ello abandona gran parte de su coherencia para instalarse en un arribismo partidista interesado, desatento de la ética del discurso, de la reconciliación y reconocimiento auténticos. La visibilidad tiene ahora condiciones políticas, y con ella, la libertad sexual también. En esta nueva situación pueden rastrearse los estragos típicos del revanchismo político. La izquierda ha encontrado en la lucha por el reconocimiento sexual una forma de señalar con dedo acusador a sus enemigos sempiternos y auto-justificarse. Y esa inquina artificial, en un momento en que, paradojicamente, el colectivo goza de mayor aceptación social y cuenta con plena permisividad normativa legal, es la que alimenta un cierto sentimiento de repudio que auto-justifica opiniones políticas contrarias, en cuyo seno no sólo se habla de instaurar un universalismo liberal aséptico y sin mirada al reconocimiento de minorías, sino que también se llegan a denostar cuestiones personales sobre la manera de vivir la sexualidad. En otras palabras, el gregarismo del movimiento LGTBI no sólo compromete la coherencia de su mensaje sino que promociona aquéllo que dice combatir. Una mayor crispación en esta dirección sólo puede conducir a una radicalización de las opiniones reaccionarias, y con ello existe un peligro de que la culpa se desplace de consideraciones estrictamente políticas y partidistas al ámbito propio de la sexualidad. El gregarismo LGTBI puede promocionar rechazo real a la diversidad sexual. Así como una opinión política se hace exclusiva en la militancia a favor del reconocimiento institucional, así también una opinión de rechazo al reconocimiento o rechazo a la propia libertad sexual se puede politizar en otro espacio político. Pero además de a la materialización de discursos públicos, hay que atender al estado de la cuestión a pie de calle. No es de buen recibo observar a un colectivo por la liberación sexual adquirir reconocimiento social y a su vez ser testigo de cómo realiza purgas ideológicas interesadas.

Por todo ello, en un momento donde en nuestras sociedades la igualdad de trato ante la ley está en cuestión solamente, si acaso, de manera favorable al colectivo, es imperativo retirar el discurso por la libertad sexual del terreno partidista. Hay que orientar las necesidades de reconocimiento hacia la sociedad civil y sólo es un ejercicio honesto el rechazo de las prebendas que el asistencialismo institucional turnista promociona. Si bien las opciones liberales y conservadoras intransigentes deben comprender que, aunque importante, el espíritu de convivencia (y así, nuestra identidad individual) no radica en la universalidad legal sino en el entendimiento intersubjetivo, también el movimiento LGTBI debe realizarse una mirada crítica y entender que las demandas por la emancipación sexual ya están, en la forma en que fueron concebidas, cumplidas.

Hay una cuestión más, ineludible en un análisis honesto. La cuestión LGTBI hoy día se ha convertido, de facto, en la ortodoxia cultural. Todas las instituciones del mundo occidental promocionan el mensaje del movimiento con gran ímpetu. Las grandes ciudades albergan concentraciones anuales con motivo del colectivo que, en mucho, superan cualquier otra festividad local. La presencia de los motivos LGTBI en las narrativas culturales y mediáticas es apabullante, y la mercantilización del movimiento como marca es mandato empresarial obligatorio. El capitalismo trasnacional debe millones a la promoción y explotación del mercado LGTBI y lo que puede denominarse una industria cultural supera año tras año sus expectativas de crecimiento, lo que le granjea una visibilidad sin precedentes en todos los grandes escaparates, tribunas y pantallas. Por todo ello, resulta insostenible aducir que el colectivo precisa de mayor visibilidad, pues ello sólo alimenta esa suerte de insatisfacción perenne que esconde deseos de exhibición constantes de lo que, no se olvide, son motivos estrictamente privados, como es la sexualidad. Si el Orgullo ha adquirido sentido político y público es precisamente por su proscripción en el pasado y en otros lugares del mundo. La visibilidad en nuestro entorno cultural no contiene ya apenas sentido político, pues como se ha dicho, el reconocimiento debe correr más a cuenta de la naturalización y aceptación en el trato humano real entre personas que por parte de una desbocada asimetría culturalinstitucional que podría redundar, por ese giro insospechado, en un repunte de desprecio a la diversidad sexual.

Obsérvese que si un nuevo desprecio de este tipo arraigase en algún espacio político, el movimiento LGTBI tomaría un nuevo impulso auto-legitimador, pero la convivencia real entre personas quedaría más quebrada. A sabiendas de todos los intereses políticos y económicos depositados tras la industria internacional LGTBI, cabe invocar: cui prodest? Un nuevo desprecio a la diferencia sexual podría venir a revalidar y potenciar todos los intereses que, al haberse alcanzado un escenario de gran aceptación social de la sexualidad plural, ya casi se han agotado. Se debe pues fijar el reconocimiento humano en la convivencia horizontal como objetivo honesto y con seguridad libre de posibles intereses espurios derivados de las dinámicas sistémicas del mundo. De otra forma, la defensa de la integridad sexual como reconocimiento amable y real en el trato entre personas no está garantizado.

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