España: expolio liberal y nacionalización impositiva (III)

Goya-Aquelarre

El Aquelarre o El gran cabrón, Goya

Las enormes transformaciones sociopolíticas ocurridas en Gran Bretaña y Norteamérica que hemos tratado, o las ocurridas en otros países, como Francia, a finales del siglo XVIII, tendrán una influencia decisiva en España. La carrera internacional, la pujanza geopolítica, estará ahora imbuida de los procesos modernizadores, ya que éstos potencian decisivamente la cuota de poder de los estados, al permitirles acaudalar una portentosa riqueza, que se destina en gran medida a sufragar la costosísima ingeniería técnica de la época, eminentemente militar[1]. El siglo XVIII ve nacer los primeros ejércitos nacionales permanentes, que se consolidan al albur de las Revoluciones Liberales. La consecuencia de la Revolución Francesa fue el Imperio Napoleónico, cuya Grande Armée necesitaba abastecer la campaña de más de 1.500.000 soldados. El Estado español decide intentar replicar la nueva fórmula europea, como manifiesta por escrito Agustín de Argüelles en el célebre Discurso preliminar a la Constitución de 1812: “el adelantamiento de la ciencia del Gobierno ha introducido en Europa un sistema desconocido en los tiempos en que se publicaron los diferentes cuerpos de nuestra legislación, sistema del que ya no es posible prescindir absolutamente”. En efecto, ese texto y la misma Constitución de 1812 manifiestan el rumbo que una élite española decide implementar: el giro nacional-liberal-capitalista.

El proyecto constitucional gaditano pretende universalizar una fiscalidad centralizada, a la que debieran atenerse un número crecido de contribuyentes, obligados a su vez a abandonar sistemas de vida no-mercantiles (sobre los que la fiscalidad liberal obtiene insuficientes tributos, pagados además en especie). Pretende, pues, una magna modificación de las condiciones estructurales del país tanto como de las condiciones axiológicas, intersubjetivas, de la mentalidad de las personas. Para ello, la Constitución reforma la administración del Estado a la vez que propugna el nuevo concepto de “nación política”, una pura abstracción teórica, que funciona como parte indisociable de la transformación (material-ideológica) a la que se procede.

 

Nacionalización impositiva

Una unificación patriótica, urdida bajo un nuevo tótem universalizador, el Estado-nación, proporcionaba, en primer lugar, la cantera de fuerza militar real del Estado, pues el ensanchamiento modernizador del Ejército pretendido por Cádiz sólo resultaba eficaz si existía un fuerte sentimiento patriótico en la población. La unificación de armas[2] se urdió también como unificación de las mentes. No en vano, la nueva idea de nación sólo se entiende en su relación directa con el Ejército[3]. Además, el reciente concepto de nación política permitía cimentar la nueva fraseología liberal, bajo la cual conceptos como soberanía, representación o contribución (fiscal, militar-patriótica) orbitan alrededor de una pretendida nación unificada. La nacionalización de las masas es un proceso que, en diferentes ámbitos, busca la complicidad de la población con la empresa estatal mediante la intervención sobre el sentido de pertenencia de las personas[4]. Inyecta, de manera planificada, la idea de nación como parte del horizonte de raigambre y arraigo de los individuos, por encima de otras consideraciones discretas, que de forma natural atienden a variables de la existencia individual, como la cercanía y lo local, la ocupación, el apellido familiar o la propia concepción del mundo, que alumbran realidades humanas heterogéneas, no necesariamente en conflicto, pero tampoco necesariamente emulsionadas bajo una primera categoría común, “la nación”, concepto que interviene sobre estas realidades humanas, en palabras de Gustavo Bueno, “subordinándolas a la nueva estructura”[5]. Esta “nación” es una nueva categoría de pertenencia que se intenta impostar a la identidad de comunidades humanas tan dispares como los vascos, los cubanos o los chilenos[6].

Jesús Cruz describe en un estudio las revoluciones “liberales-nacionales” como “hechos que fueron provocados no solamente por factores económicos, sino como el resultado de un proceso de construcción cultural dirigida al establecimiento de Estados nacionales con un sistema de gobierno liberal.” Asimismo afirma: “el impulso que hizo posible esta transición no fue exclusivamente económico, cultural, o político, sino una combinación de todos esos factores […] no sólo era necesaria una revolución política, sino otra cultural simultánea con el propósito de introducir un nuevo sistema de valores.”[7] A esta creación ideológica apunta también Gustavo Bueno: “es la nación moderna, y el Estado nacional, el que tenderá a hacer nacer o refundir ad hoc una cultura nacional, cuando no disponga de otras alternativas ideológicas más estrictamente políticas.”[8] Bueno vuelve sobre este proceso de creación ideológica orquestada varias veces: “la clave ideológica de todo proyecto de nacionalismo radical es la mentira histórica. Por ello, es necesario afirmar que sólo a través de la falsificación y de la mentira, del moldeamiento de los jóvenes, al modo como se moldean los miembros de una secta “destructiva”, es decir; de la falsa conciencia de su propia realidad, el proyecto del nacionalismo radical puede echar a andar.”[9] Siendo ello cierto (un moldeamiento tal es el que inspira el Reglamento de Instrucción Pública del 29-06-1821, cimiento de una escuela estatal obligatoria que moldease la conducta desde la infancia con arreglo funcional[10] al nuevo orden), en la obra citada Bueno se olvida, paradójicamente, de un estudio material de la historia y, así, su genealogía nacional, pretendidamente materialista, es sólo teorética sin contraste con la realidad, pues sólo considera materiales históricos a los textos, leyes, normativas y documentos de reconocimiento entre Estados, que declaraban el estado oficial de las cosas, olvidándose de la acción estrictamente material, sobre el terreno, fenoménica, de los grupos humanos, que protagonizaron incesantes actos de oposición, rechazo y descrédito de tales aparentemente únicos documentos históricos. Bueno actúa de esta manera, en último término, preso del materialismo histórico, que como él mismo recupera en la obra, afirma que “la conciencia no determina el ser, sino que es el ser social el que determina a la conciencia”[11]. Ello le lleva a eliminar la voluntad humana (y cualquier otra dimensión subjetiva) de la historia, es decir, elimina al individuo, que queda reducido a accidente contextual, preso de sus circunstancias, sin autonomía, ni intencionalidad, sin capacidad de anteponerse, ni en la acción ni en el pensamiento, a unas etéreas leyes de semejante determinismo histórico (toda oposición, incluso en el pensamiento, es explicada, a su vez, únicamente como otra determinación; así, el individuo nunca actúa desde sí mismo, “el ser social determina la conciencia”). Un reduccionismo tan atroz, que rechaza de lleno los “conflictos subjetivos”, no considera el ánimo y disposición de la gente como motores, causas, de su acción, sino que considera tal ánimo como consecuencia de un fluir histórico siempre determinante, esto es, una historia sin sujetos, o una historia de sujetos sin conciencia, o una historia de sujetos con una “conciencia objetiva” (una conciencia enteramente determinada por su entorno). Tal planteamiento le lleva a suponer que el reconocimiento de la nación política por el Estado bastó para de facto validar tal idea en la conciencia de las personas, para provocar esa convicción y aprobación internas (convicción en tanto auto-determinación, en la que el materialismo histórico no cree). Es decir, considera a “la nación” consumada, real, en virtud de su declaración institucional, y no en función de si sus habitantes aprobaban, o no, tal estado de cosas, hecho que Bueno no identifica como decisivo y, así, ni siquiera se preocupa en intentar esclarecer. No se entiende, si no, cómo puede sostener que “la unidad interna de la España ibérica alcanzará su grado más alto” para principios del siglo XIX, cuando “confluyen las ideas de patria y nación española” a merced de la Constitución de 1812, con lo que “la identidad de España quedará, en todo caso, intacta”[12], juicio enajenado de toda realidad histórica, pues el siglo XIX es, década a década, una contienda civil permanente entre numerosos grupos humanos que cuestionan desde diferentes posiciones el centralismo nacional.

En efecto, tras la pretendida imposición normativa de “la nación”, a partir de la Constitución de 1812, se suceden numerosísimos episodios de oposición, que serán reprimidos con las armas. El Decreto 06-08-1811 de abolición de los señoríos se dicta a la estela de esa pretensión de disolución de instancias intermedias de poder, cuya avanzadilla fue la supresión de las instituciones aragonesas mediante los Decretos de Nueva Planta del siglo XVIII. Se sucederán la supresión progresiva de los fueros navarros, vascos, la instauración de los ayuntamientos constitucionales, que sometían el poder municipal al Estado central mediante la figura del jefe político, futuro gobernador civil, dos instituciones que desnaturalizaban la capacidad de auto-gobierno regional. El constitucionalismo decimonónico no concede entidad política a los concejos municipales, instituciones centenarias de auto-gobierno relativo, sobre las que las comunidades humanas tenían mayor capacidad de intervención que bajo un régimen liberal-militar que nombraba a los jefes políticos desde Madrid y que sostuvo un sistema de sufragio rentista restringido durante 120 años, bajo el cual sólo adquirían derecho a voto los principales beneficiarios del nuevo ordenamiento liberal-capitalista (por lo que los comicios nada más eran un ritual de auto-elogio). La férrea represión nacionalista se inicia durante los primeros gobiernos liberales. El Trienio Liberal, con la ley 17-04-1821 encarga al Ejército la defensa de un orden público que se desbordaba[13]. Esta ley “invalidaba cualquier posición discrepante con la Constitución, poniendo fuera de la legalidad toda manifestación contraria […] esta Ley de carácter procesal va a otorgar a la jurisdicción militar la exclusiva sobre el enjuiciamiento de los delitos políticos, bien que de forma intermitente, a lo largo de todo el siglo XIX.”[14] En su art. 1º, la ley dicta: “cualquier persona, de cualquiera clase y condición que sea, que conspirase directamente y de hecho a transformar o destruir o alterar la Constitución política de la monarquía española, o el gobierno monárquico moderado hereditario que la misma Constitución establece […] será perseguida como traidor y condenada a muerte”. Como bien indica Nicolás García Rivas, “si una de las máximas de los liberales era la desaparición del fuero militar”, su obra real, apenas unos meses después de reinstaurar la Constitución de 1812, fue el decreto de militarización permanente del orden social. Bajo esta ley las garantías procesales no existen y cualquier manifestación, incluso para alterar la carta magna, era motivo de ser señalado como “faccioso” y fusilado. Esta ley alberga de manera secularizada el carácter procedimental inquisitorial, pues la mera acusación de “faccioso” podía habilitar un procedimiento sumario de pena de muerte.

El Trienio Liberal es el escenario de una guerra civil[15], la rebelión realista, a la que se añade la represión militar en Cataluña, región para la que el caudillo Espoz y Mina dicta un bando que llama al incendio, saqueo y exterminio de toda población que se opusiera al mandamiento constitucional[16]. Las tres guerras civiles carlistas sucesivas, los incontables motines, rebeliones, huelgas y demás acontecimientos de insumisión obligan al constitucionalismo decimonónico a reciclarse constantemente, intentando encontrar la virtud en las formas de dominación, pero nunca logrando hacer penetrar suficientemente la idea de España como comunidad nacional legítima, y confiándole al Ejército y a las policías la tarea de aherrojar a los díscolos. Así se expiden hasta siete constituciones, se ensayan gobiernos de distinto signo a base de constantes pronunciamientos militares (golpes de Estado), se convierte el país a una monarquía extranjera, después a una república de apenas meses de duración, durante la cual el movimiento cantonal y la insumisión de la Cuba esclavista subrayan la impotencia del proyecto liberal-nacional. La incesante resistencia popular ante su pérdida progresiva de autonomía vital hizo que, 100 años después, la dictadura militar de Miguel Primo de Rivera se viera obligada a reconocer, en una operación para intentar sosegar la furia de una orteguiana “España invertebrada”, la prominencia del ancestral concejo municipal, que había sido aniquilado por el liberalismo. El Estatuto Municipal de 1924 considera, por primera vez bajo la égida nacional, que el concejo abierto es “la forma más plena de democracia pura”[17], e intenta restituirlo como institución vecinal, además de suspender por primera vez la tan impopular Ley Madoz de 1855, que llevaba 65 años expropiando terrenos al mundo rural en nombre de la nación, como se expone más abajo. Esta normativa de Primo de Rivera, no obstante, nunca llegó a entrar en vigor. La fórmula pretendida por el regeneracionismo del cirujano de hierro nada más fue vano populismo que, no obstante, permite descifrar que las demandas por instituciones ancestrales de auto-gobierno eran aún constantes un siglo después del decreto de su disolución sumaria[18].

 

El Estado expropia la tierra y crea el capitalismo nacional

¿Por qué no arraiga suficientemente la idea de España durante el siglo XIX? Porque en su nombre se estaban violentando formas de vida con un fortísimo apoyo entre la población. En 1794 Gaspar Melchor de Jovellanos, personaje afecto al liberalismo inglés, redacta el conocidísimo Informe sobre la Ley Agraria en el cuál exhorta al monarca español a convertir la propiedad “de los comunes en propiedad particular”, lo que es una de las materializaciones que tuvo la particular defensa de la propiedad privada por parte del Estado liberal: la expropiación forzosa de millones de hectáreas que pertenecían a los diferentes pueblos de la Península y su posterior subasta. Jovellanos nada más se propone realizar lo que otros autores (entre ellos, Adam Smith, como vimos con los cerramientos de tierra ingleses) ya habían diagnosticado: la agricultura bien dirigida es la base y fundamento del poder y de la gloria de un Estado. Ella es la que forma y mantiene los ejércitos y las armadas.”[19] En efecto, los intentos por expropiar tierras civiles y eclesiásticas fueron llevados a cabo principalmente por el Estado liberal español. La Ley Madoz de 1855, la más eficaz de las leyes de desamortización[20] civil, declara en “estado de venta […] todos los predios rústicos y urbanos; censos y foros pertenecientes a […] los propios y comunes de los pueblos” y dicta: “se procederá a la enajenación de todos y cada uno de los bienes mandados vender por esta ley, sacando a pública licitación las fincas o sus suertes a medida que lo reclamen los compradores, y no habiendo reclamación, según lo disponga el Gobierno”. David Algarra, en su estudio sobre la sociedad tradicional catalana, cita a Joaquín Costa, quien advierte: “la ley desamortizadora de 1855 se ha encontrado en el Principado catalán con numerosas poblaciones en que todo el término era comunal, propiedad colectiva del vecindario.”[21] ¿Cómo puede asumirse que la idea de España pudiera cristalizar entre la población cuando, en su nombre, se procedió a la confiscación masiva de sus sistemas de vida?

La expropiación de estas tierras no sólo anulaba los derechos de propiedad de las gentes del común, sino que cancelaba sus derechos de usufructo, fuertemente normativizados como derecho de costumbre, que eran incompatibles con un acceso individual privado a la tierra[22]. El derecho impositivo liberal atropelló la titularidad de los terrenos, las normativas que regían su uso y los sistemas de trabajo que organizaban su explotación. Por ello, el reduccionismo historiográfico que entiende la empresa desamortizadora como un simple cambio de manos en la titularidad de la tierra debe ser abandonado. El apego de las gentes del común a su tierra excedía la pura tenencia material de los terrenos; era todo el entramado social, estructuras materiales (propiedad y trabajo comunal[23], derecho consuetudinario) y tejido intersubjetivo (valores compartidos, arraigo, sentido de convivencia, tradición[24]) lo que hacía cristalizar un sistema de vida radicalmente distinto al anhelado por el nuevo capitalismo nacional-liberal. La desamortización además tuvo consecuencias allende la política y la economía. En Erosión y desertificación. Heridas de la tierra Francisco López Bermúdez advierte que “la desamortización fue la destrucción forestal más grave de la historia de España.” Félix Rodrigo Mora cuantifica el impacto de la desamortización de bienes comunales: “entre 1770 y 1859 resultaron descomunalizadas unos 5,3 millones de has. […] otros 7 millones lo fueron por aplicación de la ley de 1855, que se mantuvo vigente hasta 1924.”[25]

El proceso de desamortización, además de servir de muestra de la obra real histórica del liberalismo, señala lo decisivo: el Estado liberal no sólo promulga unos derechos fortalecidos de propiedad privada[26], sino que de facto crea el grueso de la propiedad privada nacional, extinguiendo progresivamente un régimen de copropiedad colectiva que era visto como uno de los “estorbos que más poderosamente detienen”[27] el progreso nacional. Este proceso de expropiación-nacionalización es una constante ubicua en los proyectos modernizadores y de creación de las naciones políticas. Se produce en Reino Unido, Francia, Estados Unidos, Rusia, … Crea el grueso de la riqueza nacional (propiedad privada y sistema de trabajo retributivo – para el Estado) a la vez que desarticula sistemas de vida alternativos que, además de ser contrarios en lo económico a las proyecciones nacional-capitalistas (una riqueza potenciada y centralizada), lo son también en lo axiológico, pues además de no comprender los horizontes de rendimiento maximizado capitalista ni un régimen de trabajo a salario (centrados, en cambio, en la auto-suficiencia y el intercambio no monetario), sus integrantes no permiten que su arraigo experiencial sea suplantado por abstracciones homogeneizadoras como la idea de “nación” (y, mucho menos, si en nombre de esa idea se dicta la extinción de sus modos de vida, como se hizo con la Constitución de 1812). El proceso de nacionalización es siempre artificial, dirigido y planificado. Si leemos Chinese Political Thought in the Twentieth Century, encontramos la misma ecuación: “el pueblo chino necesitaba una nueva inyección [sic] de patriotismo, el cual le llevase a transformar su lealtad a la familia en lealtad al Estado […] los vínculos tradicionales, sobre todo con la familia, tenían que ser abandonados si se quería que el nacionalismo se desarrollase en China.”[28]

La clave de bóveda del liberalismo fue el Ejército. Sólo gracias a él el liberalismo afianza su agenda de restructuración material (leyes, fiscalidad, situación de la tierra, sistema de trabajo) e ideológica (opinión pública, aspiraciones civiles, ethos social). Los datos que aporta Juan Francisco Fuentes en su estudio La formación de la clase política del liberalismo español son decisivos. Señala que, por ejemplo, en la composición de las cortes durante los primeros gobiernos liberales, sólo un 9,1% de los diputados pertenecía a las clases propietarias, a la burguesía privada, mientras que los cargos titulares del Ejército eran el 27,8% (un porcentaje mayor, en realidad, pues si no directamente, muchos otros cargos que identifica como “funcionarios del Estado” dependían del Ejército). La mitología economicista que sostiene que la revolución liberal-industrial fue obra del laissez-faire queda así, una vez más, desautorizada[29]. El estudio citado identifica una particular tendencia entre “las clases medias y de los estamentos privilegiados de determinadas provincias a ver en la función pública, ya sea el Ejército, la judicatura o la Administración civil, su principal vía de promoción social, por no decir de mera subsistencia”[30], lo que está reñido con la ortodoxia liberal de la ciencia económica, según la cual los capitalistas, en ausencia de la coacción del Estado, sobreviven de manera holgada y más eficiente. ¿Por qué se arrimaron, la inmensa mayoría de ellos, al Estado, y adoptaron una ideología liberal que, de la mano del Ejército, arengaba a crear una economía nacional potente? Porque el capitalismo es creado y potenciado por el Estado. Más allá de toda discusión especulativa, la realidad así lo confirma. El bloque de las clases propietarias, burguesía privada, comerciantes, etc., “registra un aumento significativo entre las Cortes de Cádiz y las del Trienio: de representar un 9,1% de los diputados gaditanos habría pasado diez años después al 17,5%, con un avance particularmente notable del epígrafe “Comerciantes”, lo que parece indicar que la Revolución española se iba convirtiendo poco a poco en una Revolución burguesa”. En efecto, la obra del liberalismo español (dirigida por el Ejército, columna vertebral del Estado) es la creación de una clase capitalista consolidada, y no al revés, lo que obliga a considerar, una vez más, que un capitalismo sin Estado es, bajo el peso de la historia, imposible.

Esta realidad está también reñida con una interpretación marxista de la historia, en tanto la creación de la primera clase burguesa significativa la realiza el Estado. Es el Estado quien desarticula al campesinado mediante una intervención física (expropiación de las tierras, de manera similar a las Enclosure Acts inglesas) e ideológica-conductual, violando la heterogeneidad discreta de las realidades populares y obligando al centralismo nacional, y promociona así la primera gran masa proletaria, que permite al sistema de trabajo a salario popularizarse. La clase burguesa y proletaria son creadas por el Estado, dato que se confirma al atender a la proliferación de propietarios y comerciantes tras el liberalismo, y no antes, sencillamente porque el capitalismo que el Estado liberal promocionaba aventajaba a los antiguos sistemas de trabajo en lo sustancial, pues permitía: a) un control coercitivo (fiscal y mental) más eficiente sobre los individuos, logrado a partir de b) la desarticulación del fuerte contrapoder popular, que por ser mayoritariamente de auto-abastecimiento, contenía economías de muy difícil confiscación tributaria. Bajo el nuevo trabajo fabril asalariado y la obligatoriedad de tributar en moneda, el par Estado-capitalismo se consolida de manera interdependiente. Alberto Sabio Alcutén expone en su tesis doctoral Tierra, comunal y capitalismo agrario en Aragón cómo la extinción del comunal obligó al campesinado a acudir al mercado para obtener los bienes que anteriormente auto-producía, lo que recuerda: es la acción del Estado la que crea tanto una nueva mano de obra, en necesidad de trabajo a salario para pagar los nuevos tributos en moneda, como una nueva afluencia al mercado de consumo, único lugar-alternativa para comprar los bienes que ya no se auto-producen ni intercambian. Así, en el momento en el que el régimen de trabajo se unifica para crear mercancías para su posterior venta y comercio y se abandonan umbrales de auto-suficiencia, producción discontinua y trueque, el Estado puede sustraer crecidos tributos de los nuevos salarios pagados en moneda a los trabajadores, a la vez que puede imponer de manera uniforme aranceles al comercio e impuestos al consumo. Es decir, el liberalismo expolió los bienes raíces y los medios de producción (desamortizaciones), por un lado, y a la vez, la fuerza de trabajo[31] (impuestos) y el intercambio de mercancías (aranceles). Tanto en el hecho productivo como en el intercambio de bienes, el liberalismo potenció la capacidad confiscatoria del Estado, por lo que resulta a todas luces bochornoso que a día de hoy esta corriente de pensamiento se declare contraria a una tributación crecida. Estas son las razones por las que diferentes economistas y hombres de Estado identificaron todo lo relacionado con las economías populares como “obstáculos” a la riqueza nacional, porque comprendían que con su reestructuración el Estado vería crecidos sus poderes político y económico. Fue el gobierno durante el Trienio Liberal el que impuso la tributación obligatoria en moneda[32], cobro exigido por un ejército profesional competitivo, una medida que además abarataba los gastos recaudatorios de la Hacienda estatal (anteriormente se debían sufragar los altos costes de transporte, almacenaje y amortización de los tributos pagados en especie), e iba destinada a potenciar la creación de un sistema monetario nacional. Esta normativa obligó a la población a necesitar de una retribución constante en la moneda del régimen, algo que contravenía su existencia previa alejada del dinero[33].

Con la Constitución de 1812 el Estado otorga una serie de derechos a los ciudadanos españoles, pero a su vez enuncia que tales derechos quedan sujetos a una serie de condiciones, entre las que se lista la “tenencia de un oficio conocido”[34]. Esto es, aquellas ocupaciones no validadas por el Estado eran pretexto suficiente para cancelar toda la carta constitucional. Esta fue, sin duda, otra injerencia mayúscula del Estado en la economía, que hizo del nuevo empleo industrial, veta de crecimiento del capitalismo de iniciativa privada, un lugar homologado y cuya afluencia hay que entender desde la coerción legicentrista. Hay que recordar que el Estado obligó a la lectura de la Constitución desde el púlpito de las iglesias en todos los oficios, lo que significa que todos los domingos un gran público recibía la notificación de que muchas de sus labores, oficios y ocupaciones no contaban con el beneplácito del nuevo régimen y que, so pena de excomunión nacional, debían abandonarlos. Así, el Estado, con respaldo en la fuerza militar, desarticula sistemas de propiedad y de trabajo (sistemas económicos) no compatibles con el dictamen constitucional, de los que no puede obtener apenas rendimientos, apoderándose del sustrato material que les daba origen, la tierra. Amasa así un extenso capital vía subasta pública que le permite sufragar los exigentes costes de la modernidad[35] mientras permite que las grandes fortunas (señores de España, la nobleza, militares y otros funcionarios) compren en subasta esas tierras sobre las que ejercen ahora un control de propiedad privada individual absoluta, garantizada por cuerpos policiales modernizados (la Guardia Civil se crea en 1844) a cambio de una tributación por patrimonio al Estado. Es conveniente recordar que los bienes comunales no sólo comprendían baldíos sino gran parte de los medios de producción tradicionales: molinos, batanes, fraguas y otras máquinas. La inmensa mayoría de la población, desposeída así de medios de subsistencia (tierras y medios de producción), acude en masa a la nueva industria, lo que resuelve la cuestión que planteaba Mises sobre la incapacidad de los patronos para obligar al trabajo fabril[36].

En síntesis, tanto la nacionalización del país como la prominencia del sistema capitalista son fruto de operaciones políticas dirigidas por el Estado, cuya vía procedimental no fue ni el consenso ni el respeto por la integridad individual (bandera habitual del liberalismo), sino la imposición forzosa del mandamiento constitucional y del nuevo régimen de trabajo a salario, formalizados en contra de regímenes político-económicos con elementos democráticos o de auto-gestión de la vida, lo que hace de esta categoría, la auto-gestión, una constante histórica contra las incesantes intromisiones en las dimensiones material, ideológica y espiritual de la vida de las personas.

[1] Durante el siglo XVIII el Estado ya muestra su afán de apropiación indiscriminada de la tierra con fines militares, por ejemplo con la Ordenanza de Montes de Marina de 1748, “una Ordenanza forestal para fomento naval, que compitió con las necesidades de las poblaciones rurales que veían cómo les era despojada su materia prima cotidiana, extraída de los árboles”, en La elaboración de la Ordenanza de Montes de Marina, de 31 de enero de 1748, base de la política oceánica de la monarquía española durante el siglo XVIII, Alfredo José Martínez González. Félix Rodrigo Mora, al respecto de tal normativa, afirma que con ella “la flota de guerra se hacía con el usufructo de aquellas crecidas porciones de monte alto que le fueran necesarias para armar sus buques […] tal Ordenanza realizaba la expropiación del comunal en amplias áreas”, en Naturaleza, ruralidad y civilización, pág. 106

[2] El conde-duque de Olivares ya intentó dicha unificación, pero en aquel momento el coste civil de tal operación no implicaba la erradicación de los sistemas de vida de la época. El giro nacional de la modernidad, en cambio, sí requería una vasta transformación social, mucho más agresiva.

[3] Afirma Gustavo Bueno, en España frente a Europa: “la primera vez en que se habría utilizado la palabra nación, como una auténtica “Idea-fuerza”, en sentido político, habría tenido lugar el 20 de septiembre de 1792, cuando los soldados de Kellermann, en lugar de gritar «¡Viva el Rey!», gritaron en Valmy: «¡Viva la nación!». Y, por cierto, la nación en esta su plena significación política, surge vinculada a la Idea de «Patria»: los soldados de Valmy eran patriotas”, España frente a Europa, pág. 109

[4] La búsqueda de esa complicidad es la manera de subvertir los movimientos de resistencia a la planificación de las élites a base de desnaturalizar su actitud consciente, enfrentada, para transformarla progresivamente, bien en resignación pasiva, bien en sumisión voluntaria. Mediante intervenciones psicopolíticas de esta naturaleza, según Byung-Chul Han, “el sistema consigue que los hombres se sometan por sí mismos al entramado de la dominación”.

[5] Gustavo Bueno, España frente a Europa, pág. 123

[6] La Constitución de 1812 dicta, en su artículo 1º: “La Nación Española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios”, y a su vez enuncia, en su artículo 6º, que “el amor de la patria es una de las principales obligaciones de todos los Españoles”.

[7] Jesús Cruz, La construcción de una nueva identidad liberal en el Madrid del siglo XIX: el papel de la cultura material del hogar, en Patrones de consumo y cambio social, pág. 183 (la negrita es propia)

[8] Gustavo Bueno, España frente a Europa, pág. 119

[9] Ibíd. pág. 142. Bueno define así a los nacionalismos tardíos, periféricos, aquéllos urdidos para separarse de una idea de nación central, pero como se lee en la cita anterior, identifica en ellos el mismo proceso de intervención ideológica sobre las personas que ocurre cuando aduce que el Estado crea ad hoc la cultura nacional central, por lo que su taxonomía, valorando esta injerencia que él mismo diagnostica en ambos tipos de nacionalismo, es falaz.

[10] Antonio Gil de Zárate, director general de Instrucción Pública, contribuyó a redactar la Ley Moyano de 1857, deudora de este primer decreto, siendo la primera gran norma de educación estatal en España, y declaraba, en De la instrucción pública en España: “porque, digámoslo de una vez, la cuestión de la enseñanza es cuestión de poder: el que enseña, domina; puesto que enseñar es formar hombres, y hombres amoldados a las miras del que los adoctrina.”, citado en El Comú català, David Algarra, pág. 231. Son los propios ideólogos del sistema de educación estatal quienes lo definen en estos términos.

[11] Según Bueno, “los sujetos” históricos no son “definibles en cuanto agentes de la historia, es decir, en cuanto sujetos operatorios según planes y programas definidos, previa o simultáneamente al decurso mismo de los sucesos históricos”; lo que ocurre, al revés, es que el mismo proceso histórico es el que moldea o determina a esos sujetos operatorios, en sus planes y en sus programas”. Para Bueno, tales planes y programas, es decir, la voluntad de las personas organizadas, se conforman como “efectos y no como causas últimas del curso de los acontecimientos”, lo que quiere decir que sería la historia, como mecanismo irreductible, la que determinaría la voluntad de las personas, que bajo su dominio dispondrían sus esfuerzos de manera consecuente y nunca de forma autónoma, en España frente a Europa, págs. 267 y 280

[12] Ibíd. pág. 166

[13] “Los reiterados ataques a la Constitución al inicio del Trienio motivaron la promulgación de la ley de 17 de abril de 1821”, en En torno al Trienio Constitucional (1820-1823), Antoni Moliner Prada, pág. 39

[14] Nicolás García Rivas, La rebelión militar en derecho penal, pág. 56

[15] Consultar La Primera Guerra Civil de España (1821-1823), Rafael Gambra

[16] El propio Espoz y Mina recoge en sus memorias la represión a la que sometió a la región catalana: “corred, volad á la reconciliación que todavía puede otorgaros la compasiva madre patria, ó no dudéis del pronto castigo que en otro caso va á imponeros como hijos espurios y enemigos”, en Memorias del General don Francisco Espoz y Mina, pág. 72. La obra también recoge el bando que él mismo dictó, en el que decretaba el incendio y saqueo de pueblos y propiedades vecinales que se rebelasen contra la Constitución o prestasen apoyo a los “facciosos”.

[17] Gaceta de Madrid, núm. 69, 9 de marzo 1924, pág. 1219

[18] Aún durante la II República “la amplia mayoría del campesinado deseaba retornar a la posesión y cultivo colectivo o semi-colectivo de la tierra. No querían el reparto, sino la vuelta al colectivismo, como manifiestan las numerosísimas reclamaciones sobre la recuperación del comunal que se formularon en esos años”, en Investigación sobre la II República española, 1931-1936, Félix Rodrigo Mora, pág. 136. Esta obra es de sumo interés para conocer el estado insurreccional del mundo rural contra la II República, en un gran número de ocasiones, con motivo de las expropiaciones del comunal y la desarticulación del colectivismo agrario.

[19] Manuel Sisternes, Idea de Ley Agraria Española, 1786, citado en Naturaleza, ruralidad y civilización, Félix Rodrigo Mora, pág. 105

[20] Para un estudio pormenorizado de la genealogía de las expropiaciones y un comentario jurídico sobre sus formas, consultar el artículo Monarquía, liberalismo y ayuntamientos contra los bienes comunales

[21] Citado en El Comú català, David Algarra, pág. 261

[22] Consultar Derecho consuetudinario y economía popular en España, Joaquín Costa. Otro estudioso actual del asunto es Laureano Manuel Rubio Pérez, catedrático de Historia Moderna en la Universidad de León, que explica la dimensión cultural del comunal, un régimen de autogestión asamblearia de la vida y del trabajo, en el que no intermediaba el dinero, en el que el trabajo era horizontal basado en un colectivismo agrario sublimado como forma de convivencia-subsistencia. Define acertadamente el comunal como patrimonio material e inmaterial.

[23]“El concepto de trabajo colectivo no se reduce al cultivo de la tierra ni a la economía, sino que implica a toda la dinámica del proceso, incluyendo las asambleas y las tomas de decisiones” D. Machado y R. Zibechi, Cambiar el mundo desde arriba. Los límites del progresismo, pág. 19

[24] Rafael Gambra, en La Primera Guerra Civil de España describe la defensa de esta tradición, entendida como fundamento orgánico de la vida, como el motivo principal de la rebelión realista en 1821.

[25] Félix Rodrigo Mora, Naturaleza, ruralidad y civilización, pág. 107

[26] Jovellanos elogia la propiedad privada absoluta y denigra “a los hombres reunidos en pueblos”, que viven bajo un “choque de pasiones” que “les agitan”. Bajo un régimen de propiedad privada se fomentarían “aquellas virtudes sociales y domésticas que constituyen la felicidad de las familias y la verdadera gloria de los Estados”, en Informe de Ley Agraria

[27] Así define Jovellanos las diferentes normativas consuetudinarias (“costumbres bárbaras” para él) que, “menoscabando la propiedad individual”, impedían el cerramiento de tierras, precisamente para impedir que nadie ejerciese un dominio absoluto y privado sobre los terrenos. En Informe sobre la Ley Agraria

[28] Chinese Political Thought in the Twentieth Century, Chester C. Tan, pág. 125 y 297

[29] Ludwig von Mises se equivoca así radicalmente cuando afirma que “los economistas del laissez faire fueron […] los adalides del progreso técnico sin precedentes que los últimos doscientos años han contemplado”, en La Acción humana, Madrid 2011, pág. 732

[30] Juan Francisco Fuentes, La formación de la clase política del liberalismo español: análisis de los cargos públicos del trienio liberal.

[31] Robert Nozick, autor rescatado por Juan Ramón Rallo y ciertas corrientes del liberalismo actual, afirma, en Anarquía, Estado y utopía que “los impuestos sobre las rentas del trabajo son equivalentes al trabajo forzoso”, pero tal carga impositiva es institucionalizada precisamente por el liberalismo.

[32] Antes de esta regulación, se encuentra que “el consumo ordinario apenas está mercantilizado y las rentas y los impuestos se atienden mayoritariamente en especie, y aun cuando comience su monetización, ésta es todavía muy lenta y está poco implantada”, en La reforma monetaria del trienio liberal en España, 1820-1823: modernización y límites, Enrique Prieto Tejeiro, Dionisio de Haro Romero.

[33] En Revolución liberal y crisis de las instituciones tradicionales asturianas, Francisco Carantoña Álvarez describe la realidad social pre-liberal: “la industria estaba condicionada por la falta de un mercado regional y las malas comunicaciones […] La población campesina no utilizaba practicamente el dinero. Se autoabastecía de los productos de primera necesidad […] y cuando no podía hacerlo acudía a las ferias, donde predominaba el trueque.”, pág. 11

[34] Constitución de 1812, art. 25

[35] La crisis de financiación del Estado inspira parte de las operaciones de desamortización y la crecida imposición tributaria. “El liberalismo español fue también en sus orígenes un movimiento muy condicionado por las urgencias de unas clases medias administrativas y militares dependientes de un Estado en crisis terminal”, en La formación de la clase política del liberalismo español, Juan Francisco Fuentes.

[36] “los nuevos industriales jamás gozaron de poder coactivo para enrolar a nadie en las fábricas contra su voluntad”; no les hizo falta, pues las condiciones de afluencia fueron determinadas por el Estado, en La acción humana, Ludwig von Mises, pág. 732. Para el caso inglés, la investigación de J.L. y Barbara Hammond, The Village Labourer 1760–1832 (1911) es decisiva. Describe cómo el campesinado fue conducido al trabajo fabril mediante la expropiación estatal de las Enclosure Acts.

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