España: expolio liberal y nacionalización impositiva (III)

Goya-Aquelarre

El Aquelarre o El gran cabrón, Goya

Las enormes transformaciones sociopolíticas ocurridas en Gran Bretaña y Norteamérica que hemos tratado, o las ocurridas en otros países, como Francia, a finales del siglo XVIII, tendrán una influencia decisiva en España. La carrera internacional, la pujanza geopolítica, estará ahora imbuida de los procesos modernizadores, ya que éstos potencian decisivamente la cuota de poder de los estados, al permitirles acaudalar una portentosa riqueza, que se destina en gran medida a sufragar la costosísima ingeniería técnica de la época, eminentemente militar[1]. El siglo XVIII ve nacer los primeros ejércitos nacionales permanentes, que se consolidan al albur de las Revoluciones Liberales. La consecuencia de la Revolución Francesa fue el Imperio Napoleónico, cuya Grande Armée necesitaba abastecer la campaña de más de 1.500.000 soldados. El Estado español decide intentar replicar la nueva fórmula europea, como manifiesta por escrito Agustín de Argüelles en el célebre Discurso preliminar a la Constitución de 1812: “el adelantamiento de la ciencia del Gobierno ha introducido en Europa un sistema desconocido en los tiempos en que se publicaron los diferentes cuerpos de nuestra legislación, sistema del que ya no es posible prescindir absolutamente”. En efecto, ese texto y la misma Constitución de 1812 manifiestan el rumbo que una élite española decide implementar: el giro nacional-liberal-capitalista.

El proyecto constitucional gaditano pretende universalizar una fiscalidad centralizada, a la que debieran atenerse un número crecido de contribuyentes, obligados a su vez a abandonar sistemas de vida no-mercantiles (sobre los que la fiscalidad liberal obtiene insuficientes tributos, pagados además en especie). Pretende, pues, una magna modificación de las condiciones estructurales del país tanto como de las condiciones axiológicas, intersubjetivas, de la mentalidad de las personas. Para ello, la Constitución reforma la administración del Estado a la vez que propugna el nuevo concepto de “nación política”, una pura abstracción teórica, que funciona como parte indisociable de la transformación (material-ideológica) a la que se procede.

 

Nacionalización impositiva

Una unificación patriótica, urdida bajo un nuevo tótem universalizador, el Estado-nación, proporcionaba, en primer lugar, la cantera de fuerza militar real del Estado, pues el ensanchamiento modernizador del Ejército pretendido por Cádiz sólo resultaba eficaz si existía un fuerte sentimiento patriótico en la población. La unificación de armas[2] se urdió también como unificación de las mentes. No en vano, la nueva idea de nación sólo se entiende en su relación directa con el Ejército[3]. Además, el reciente concepto de nación política permitía cimentar la nueva fraseología liberal, bajo la cual conceptos como soberanía, representación o contribución (fiscal, militar-patriótica) orbitan alrededor de una pretendida nación unificada. La nacionalización de las masas es un proceso que, en diferentes ámbitos, busca la complicidad de la población con la empresa estatal mediante la intervención sobre el sentido de pertenencia de las personas[4]. Inyecta, de manera planificada, la idea de nación como parte del horizonte de raigambre y arraigo de los individuos, por encima de otras consideraciones discretas, que de forma natural atienden a variables de la existencia individual, como la cercanía y lo local, la ocupación, el apellido familiar o la propia concepción del mundo, que alumbran realidades humanas heterogéneas, no necesariamente en conflicto, pero tampoco necesariamente emulsionadas bajo una primera categoría común, “la nación”, concepto que interviene sobre estas realidades humanas, en palabras de Gustavo Bueno, “subordinándolas a la nueva estructura”[5]. Esta “nación” es una nueva categoría de pertenencia que se intenta impostar a la identidad de comunidades humanas tan dispares como los vascos, los cubanos o los chilenos[6].

Jesús Cruz describe en un estudio las revoluciones “liberales-nacionales” como “hechos que fueron provocados no solamente por factores económicos, sino como el resultado de un proceso de construcción cultural dirigida al establecimiento de Estados nacionales con un sistema de gobierno liberal.” Asimismo afirma: “el impulso que hizo posible esta transición no fue exclusivamente económico, cultural, o político, sino una combinación de todos esos factores […] no sólo era necesaria una revolución política, sino otra cultural simultánea con el propósito de introducir un nuevo sistema de valores.»[7] A esta creación ideológica apunta también Gustavo Bueno: “es la nación moderna, y el Estado nacional, el que tenderá a hacer nacer o refundir ad hoc una cultura nacional, cuando no disponga de otras alternativas ideológicas más estrictamente políticas.”[8] Bueno vuelve sobre este proceso de creación ideológica orquestada varias veces: “la clave ideológica de todo proyecto de nacionalismo radical es la mentira histórica. Por ello, es necesario afirmar que sólo a través de la falsificación y de la mentira, del moldeamiento de los jóvenes, al modo como se moldean los miembros de una secta “destructiva”, es decir; de la falsa conciencia de su propia realidad, el proyecto del nacionalismo radical puede echar a andar.”[9] Siendo ello cierto (un moldeamiento tal es el que inspira el Reglamento de Instrucción Pública del 29-06-1821, cimiento de una escuela estatal obligatoria que moldease la conducta desde la infancia con arreglo funcional[10] al nuevo orden), en la obra citada Bueno se olvida, paradójicamente, de un estudio material de la historia y, así, su genealogía nacional, pretendidamente materialista, es sólo teorética sin contraste con la realidad, pues sólo considera materiales históricos a los textos, leyes, normativas y documentos de reconocimiento entre Estados, que declaraban el estado oficial de las cosas, olvidándose de la acción estrictamente material, sobre el terreno, fenoménica, de los grupos humanos, que protagonizaron incesantes actos de oposición, rechazo y descrédito de tales aparentemente únicos documentos históricos. Bueno actúa de esta manera, en último término, preso del materialismo histórico, que como él mismo recupera en la obra, afirma que “la conciencia no determina el ser, sino que es el ser social el que determina a la conciencia”[11]. Ello le lleva a eliminar la voluntad humana (y cualquier otra dimensión subjetiva) de la historia, es decir, elimina al individuo, que queda reducido a accidente contextual, preso de sus circunstancias, sin autonomía, ni intencionalidad, sin capacidad de anteponerse, ni en la acción ni en el pensamiento, a unas etéreas leyes de semejante determinismo histórico (toda oposición, incluso en el pensamiento, es explicada, a su vez, únicamente como otra determinación; así, el individuo nunca actúa desde sí mismo, “el ser social determina la conciencia”). Un reduccionismo tan atroz, que rechaza de lleno los “conflictos subjetivos”, no considera el ánimo y disposición de la gente como motores, causas, de su acción, sino que considera tal ánimo como consecuencia de un fluir histórico siempre determinante, esto es, una historia sin sujetos, o una historia de sujetos sin conciencia, o una historia de sujetos con una “conciencia objetiva” (una conciencia enteramente determinada por su entorno). Tal planteamiento le lleva a suponer que el reconocimiento de la nación política por el Estado bastó para de facto validar tal idea en la conciencia de las personas, para provocar esa convicción y aprobación internas (convicción en tanto auto-determinación, en la que el materialismo histórico no cree). Es decir, considera a “la nación” consumada, real, en virtud de su declaración institucional, y no en función de si sus habitantes aprobaban, o no, tal estado de cosas, hecho que Bueno no identifica como decisivo y, así, ni siquiera se preocupa en intentar esclarecer. No se entiende, si no, cómo puede sostener que “la unidad interna de la España ibérica alcanzará su grado más alto” para principios del siglo XIX, cuando “confluyen las ideas de patria y nación española” a merced de la Constitución de 1812, con lo que “la identidad de España quedará, en todo caso, intacta”[12], juicio enajenado de toda realidad histórica, pues el siglo XIX es, década a década, una contienda civil permanente entre numerosos grupos humanos que cuestionan desde diferentes posiciones el centralismo nacional.

En efecto, tras la pretendida imposición normativa de “la nación”, a partir de la Constitución de 1812, se suceden numerosísimos episodios de oposición, que serán reprimidos con las armas. El Decreto 06-08-1811 de abolición de los señoríos se dicta a la estela de esa pretensión de disolución de instancias intermedias de poder, cuya avanzadilla fue la supresión de las instituciones aragonesas mediante los Decretos de Nueva Planta del siglo XVIII. Se sucederán la supresión progresiva de los fueros navarros, vascos, la instauración de los ayuntamientos constitucionales, que sometían el poder municipal al Estado central mediante la figura del jefe político, futuro gobernador civil, dos instituciones que desnaturalizaban la capacidad de auto-gobierno regional. El constitucionalismo decimonónico no concede entidad política a los concejos municipales, instituciones centenarias de auto-gobierno relativo, sobre las que las comunidades humanas tenían mayor capacidad de intervención que bajo un régimen liberal-militar que nombraba a los jefes políticos desde Madrid y que sostuvo un sistema de sufragio rentista restringido durante 120 años, bajo el cual sólo adquirían derecho a voto los principales beneficiarios del nuevo ordenamiento liberal-capitalista (por lo que los comicios nada más eran un ritual de auto-elogio). La férrea represión nacionalista se inicia durante los primeros gobiernos liberales. El Trienio Liberal, con la ley 17-04-1821 encarga al Ejército la defensa de un orden público que se desbordaba[13]. Esta ley “invalidaba cualquier posición discrepante con la Constitución, poniendo fuera de la legalidad toda manifestación contraria […] esta Ley de carácter procesal va a otorgar a la jurisdicción militar la exclusiva sobre el enjuiciamiento de los delitos políticos, bien que de forma intermitente, a lo largo de todo el siglo XIX.”[14] En su art. 1º, la ley dicta: “cualquier persona, de cualquiera clase y condición que sea, que conspirase directamente y de hecho a transformar o destruir o alterar la Constitución política de la monarquía española, o el gobierno monárquico moderado hereditario que la misma Constitución establece […] será perseguida como traidor y condenada a muerte”. Como bien indica Nicolás García Rivas, “si una de las máximas de los liberales era la desaparición del fuero militar”, su obra real, apenas unos meses después de reinstaurar la Constitución de 1812, fue el decreto de militarización permanente del orden social. Bajo esta ley las garantías procesales no existen y cualquier manifestación, incluso para alterar la carta magna, era motivo de ser señalado como “faccioso” y fusilado. Esta ley alberga de manera secularizada el carácter procedimental inquisitorial, pues la mera acusación de “faccioso” podía habilitar un procedimiento sumario de pena de muerte.

El Trienio Liberal es el escenario de una guerra civil[15], la rebelión realista, a la que se añade la represión militar en Cataluña, región para la que el caudillo Espoz y Mina dicta un bando que llama al incendio, saqueo y exterminio de toda población que se opusiera al mandamiento constitucional[16]. Las tres guerras civiles carlistas sucesivas, los incontables motines, rebeliones, huelgas y demás acontecimientos de insumisión obligan al constitucionalismo decimonónico a reciclarse constantemente, intentando encontrar la virtud en las formas de dominación, pero nunca logrando hacer penetrar suficientemente la idea de España como comunidad nacional legítima, y confiándole al Ejército y a las policías la tarea de aherrojar a los díscolos. Así se expiden hasta siete constituciones, se ensayan gobiernos de distinto signo a base de constantes pronunciamientos militares (golpes de Estado), se convierte el país a una monarquía extranjera, después a una república de apenas meses de duración, durante la cual el movimiento cantonal y la insumisión de la Cuba esclavista subrayan la impotencia del proyecto liberal-nacional. La incesante resistencia popular ante su pérdida progresiva de autonomía vital hizo que, 100 años después, la dictadura militar de Miguel Primo de Rivera se viera obligada a reconocer, en una operación para intentar sosegar la furia de una orteguiana “España invertebrada”, la prominencia del ancestral concejo municipal, que había sido aniquilado por el liberalismo. El Estatuto Municipal de 1924 considera, por primera vez bajo la égida nacional, que el concejo abierto es “la forma más plena de democracia pura”[17], e intenta restituirlo como institución vecinal, además de suspender por primera vez la tan impopular Ley Madoz de 1855, que llevaba 65 años expropiando terrenos al mundo rural en nombre de la nación, como se expone más abajo. Esta normativa de Primo de Rivera, no obstante, nunca llegó a entrar en vigor. La fórmula pretendida por el regeneracionismo del cirujano de hierro nada más fue vano populismo que, no obstante, permite descifrar que las demandas por instituciones ancestrales de auto-gobierno eran aún constantes un siglo después del decreto de su disolución sumaria[18].

 

El Estado expropia la tierra y crea el capitalismo nacional

¿Por qué no arraiga suficientemente la idea de España durante el siglo XIX? Porque en su nombre se estaban violentando formas de vida con un fortísimo apoyo entre la población. En 1794 Gaspar Melchor de Jovellanos, personaje afecto al liberalismo inglés, redacta el conocidísimo Informe sobre la Ley Agraria en el cuál exhorta al monarca español a convertir la propiedad “de los comunes en propiedad particular”, lo que es una de las materializaciones que tuvo la particular defensa de la propiedad privada por parte del Estado liberal: la expropiación forzosa de millones de hectáreas que pertenecían a los diferentes pueblos de la Península y su posterior subasta. Jovellanos nada más se propone realizar lo que otros autores (entre ellos, Adam Smith, como vimos con los cerramientos de tierra ingleses) ya habían diagnosticado: la agricultura bien dirigida es la base y fundamento del poder y de la gloria de un Estado. Ella es la que forma y mantiene los ejércitos y las armadas.”[19] En efecto, los intentos por expropiar tierras civiles y eclesiásticas fueron llevados a cabo principalmente por el Estado liberal español. La Ley Madoz de 1855, la más eficaz de las leyes de desamortización[20] civil, declara en “estado de venta […] todos los predios rústicos y urbanos; censos y foros pertenecientes a […] los propios y comunes de los pueblos” y dicta: “se procederá a la enajenación de todos y cada uno de los bienes mandados vender por esta ley, sacando a pública licitación las fincas o sus suertes a medida que lo reclamen los compradores, y no habiendo reclamación, según lo disponga el Gobierno”. David Algarra, en su estudio sobre la sociedad tradicional catalana, cita a Joaquín Costa, quien advierte: “la ley desamortizadora de 1855 se ha encontrado en el Principado catalán con numerosas poblaciones en que todo el término era comunal, propiedad colectiva del vecindario.”[21] ¿Cómo puede asumirse que la idea de España pudiera cristalizar entre la población cuando, en su nombre, se procedió a la confiscación masiva de sus sistemas de vida?

La expropiación de estas tierras no sólo anulaba los derechos de propiedad de las gentes del común, sino que cancelaba sus derechos de usufructo, fuertemente normativizados como derecho de costumbre, que eran incompatibles con un acceso individual privado a la tierra[22]. El derecho impositivo liberal atropelló la titularidad de los terrenos, las normativas que regían su uso y los sistemas de trabajo que organizaban su explotación. Por ello, el reduccionismo historiográfico que entiende la empresa desamortizadora como un simple cambio de manos en la titularidad de la tierra debe ser abandonado. El apego de las gentes del común a su tierra excedía la pura tenencia material de los terrenos; era todo el entramado social, estructuras materiales (propiedad y trabajo comunal[23], derecho consuetudinario) y tejido intersubjetivo (valores compartidos, arraigo, sentido de convivencia, tradición[24]) lo que hacía cristalizar un sistema de vida radicalmente distinto al anhelado por el nuevo capitalismo nacional-liberal. La desamortización además tuvo consecuencias allende la política y la economía. En Erosión y desertificación. Heridas de la tierra Francisco López Bermúdez advierte que “la desamortización fue la destrucción forestal más grave de la historia de España.” Félix Rodrigo Mora cuantifica el impacto de la desamortización de bienes comunales: “entre 1770 y 1859 resultaron descomunalizadas unos 5,3 millones de has. […] otros 7 millones lo fueron por aplicación de la ley de 1855, que se mantuvo vigente hasta 1924.”[25]

El proceso de desamortización, además de servir de muestra de la obra real histórica del liberalismo, señala lo decisivo: el Estado liberal no sólo promulga unos derechos fortalecidos de propiedad privada[26], sino que de facto crea el grueso de la propiedad privada nacional, extinguiendo progresivamente un régimen de copropiedad colectiva que era visto como uno de los “estorbos que más poderosamente detienen”[27] el progreso nacional. Este proceso de expropiación-nacionalización es una constante ubicua en los proyectos modernizadores y de creación de las naciones políticas. Se produce en Reino Unido, Francia, Estados Unidos, Rusia, … Crea el grueso de la riqueza nacional (propiedad privada y sistema de trabajo retributivo – para el Estado) a la vez que desarticula sistemas de vida alternativos que, además de ser contrarios en lo económico a las proyecciones nacional-capitalistas (una riqueza potenciada y centralizada), lo son también en lo axiológico, pues además de no comprender los horizontes de rendimiento maximizado capitalista ni un régimen de trabajo a salario (centrados, en cambio, en la auto-suficiencia y el intercambio no monetario), sus integrantes no permiten que su arraigo experiencial sea suplantado por abstracciones homogeneizadoras como la idea de “nación” (y, mucho menos, si en nombre de esa idea se dicta la extinción de sus modos de vida, como se hizo con la Constitución de 1812). El proceso de nacionalización es siempre artificial, dirigido y planificado. Si leemos Chinese Political Thought in the Twentieth Century, encontramos la misma ecuación: “el pueblo chino necesitaba una nueva inyección [sic] de patriotismo, el cual le llevase a transformar su lealtad a la familia en lealtad al Estado […] los vínculos tradicionales, sobre todo con la familia, tenían que ser abandonados si se quería que el nacionalismo se desarrollase en China.”[28]

La clave de bóveda del liberalismo fue el Ejército. Sólo gracias a él el liberalismo afianza su agenda de restructuración material (leyes, fiscalidad, situación de la tierra, sistema de trabajo) e ideológica (opinión pública, aspiraciones civiles, ethos social). Los datos que aporta Juan Francisco Fuentes en su estudio La formación de la clase política del liberalismo español son decisivos. Señala que, por ejemplo, en la composición de las cortes durante los primeros gobiernos liberales, sólo un 9,1% de los diputados pertenecía a las clases propietarias, a la burguesía privada, mientras que los cargos titulares del Ejército eran el 27,8% (un porcentaje mayor, en realidad, pues si no directamente, muchos otros cargos que identifica como “funcionarios del Estado” dependían del Ejército). La mitología economicista que sostiene que la revolución liberal-industrial fue obra del laissez-faire queda así, una vez más, desautorizada[29]. El estudio citado identifica una particular tendencia entre “las clases medias y de los estamentos privilegiados de determinadas provincias a ver en la función pública, ya sea el Ejército, la judicatura o la Administración civil, su principal vía de promoción social, por no decir de mera subsistencia”[30], lo que está reñido con la ortodoxia liberal de la ciencia económica, según la cual los capitalistas, en ausencia de la coacción del Estado, sobreviven de manera holgada y más eficiente. ¿Por qué se arrimaron, la inmensa mayoría de ellos, al Estado, y adoptaron una ideología liberal que, de la mano del Ejército, arengaba a crear una economía nacional potente? Porque el capitalismo es creado y potenciado por el Estado. Más allá de toda discusión especulativa, la realidad así lo confirma. El bloque de las clases propietarias, burguesía privada, comerciantes, etc., “registra un aumento significativo entre las Cortes de Cádiz y las del Trienio: de representar un 9,1% de los diputados gaditanos habría pasado diez años después al 17,5%, con un avance particularmente notable del epígrafe “Comerciantes”, lo que parece indicar que la Revolución española se iba convirtiendo poco a poco en una Revolución burguesa”. En efecto, la obra del liberalismo español (dirigida por el Ejército, columna vertebral del Estado) es la creación de una clase capitalista consolidada, y no al revés, lo que obliga a considerar, una vez más, que un capitalismo sin Estado es, bajo el peso de la historia, imposible.

Esta realidad está también reñida con una interpretación marxista de la historia, en tanto la creación de la primera clase burguesa significativa la realiza el Estado. Es el Estado quien desarticula al campesinado mediante una intervención física (expropiación de las tierras, de manera similar a las Enclosure Acts inglesas) e ideológica-conductual, violando la heterogeneidad discreta de las realidades populares y obligando al centralismo nacional, y promociona así la primera gran masa proletaria, que permite al sistema de trabajo a salario popularizarse. La clase burguesa y proletaria son creadas por el Estado, dato que se confirma al atender a la proliferación de propietarios y comerciantes tras el liberalismo, y no antes, sencillamente porque el capitalismo que el Estado liberal promocionaba aventajaba a los antiguos sistemas de trabajo en lo sustancial, pues permitía: a) un control coercitivo (fiscal y mental) más eficiente sobre los individuos, logrado a partir de b) la desarticulación del fuerte contrapoder popular, que por ser mayoritariamente de auto-abastecimiento, contenía economías de muy difícil confiscación tributaria. Bajo el nuevo trabajo fabril asalariado y la obligatoriedad de tributar en moneda, el par Estado-capitalismo se consolida de manera interdependiente. Alberto Sabio Alcutén expone en su tesis doctoral Tierra, comunal y capitalismo agrario en Aragón cómo la extinción del comunal obligó al campesinado a acudir al mercado para obtener los bienes que anteriormente auto-producía, lo que recuerda: es la acción del Estado la que crea tanto una nueva mano de obra, en necesidad de trabajo a salario para pagar los nuevos tributos en moneda, como una nueva afluencia al mercado de consumo, único lugar-alternativa para comprar los bienes que ya no se auto-producen ni intercambian. Así, en el momento en el que el régimen de trabajo se unifica para crear mercancías para su posterior venta y comercio y se abandonan umbrales de auto-suficiencia, producción discontinua y trueque, el Estado puede sustraer crecidos tributos de los nuevos salarios pagados en moneda a los trabajadores, a la vez que puede imponer de manera uniforme aranceles al comercio e impuestos al consumo. Es decir, el liberalismo expolió los bienes raíces y los medios de producción (desamortizaciones), por un lado, y a la vez, la fuerza de trabajo[31] (impuestos) y el intercambio de mercancías (aranceles). Tanto en el hecho productivo como en el intercambio de bienes, el liberalismo potenció la capacidad confiscatoria del Estado, por lo que resulta a todas luces bochornoso que a día de hoy esta corriente de pensamiento se declare contraria a una tributación crecida. Estas son las razones por las que diferentes economistas y hombres de Estado identificaron todo lo relacionado con las economías populares como “obstáculos” a la riqueza nacional, porque comprendían que con su reestructuración el Estado vería crecidos sus poderes político y económico. Fue el gobierno durante el Trienio Liberal el que impuso la tributación obligatoria en moneda[32], cobro exigido por un ejército profesional competitivo, una medida que además abarataba los gastos recaudatorios de la Hacienda estatal (anteriormente se debían sufragar los altos costes de transporte, almacenaje y amortización de los tributos pagados en especie), e iba destinada a potenciar la creación de un sistema monetario nacional. Esta normativa obligó a la población a necesitar de una retribución constante en la moneda del régimen, algo que contravenía su existencia previa alejada del dinero[33].

Con la Constitución de 1812 el Estado otorga una serie de derechos a los ciudadanos españoles, pero a su vez enuncia que tales derechos quedan sujetos a una serie de condiciones, entre las que se lista la “tenencia de un oficio conocido”[34]. Esto es, aquellas ocupaciones no validadas por el Estado eran pretexto suficiente para cancelar toda la carta constitucional. Esta fue, sin duda, otra injerencia mayúscula del Estado en la economía, que hizo del nuevo empleo industrial, veta de crecimiento del capitalismo de iniciativa privada, un lugar homologado y cuya afluencia hay que entender desde la coerción legicentrista. Hay que recordar que el Estado obligó a la lectura de la Constitución desde el púlpito de las iglesias en todos los oficios, lo que significa que todos los domingos un gran público recibía la notificación de que muchas de sus labores, oficios y ocupaciones no contaban con el beneplácito del nuevo régimen y que, so pena de excomunión nacional, debían abandonarlos. Así, el Estado, con respaldo en la fuerza militar, desarticula sistemas de propiedad y de trabajo (sistemas económicos) no compatibles con el dictamen constitucional, de los que no puede obtener apenas rendimientos, apoderándose del sustrato material que les daba origen, la tierra. Amasa así un extenso capital vía subasta pública que le permite sufragar los exigentes costes de la modernidad[35] mientras permite que las grandes fortunas (señores de España, la nobleza, militares y otros funcionarios) compren en subasta esas tierras sobre las que ejercen ahora un control de propiedad privada individual absoluta, garantizada por cuerpos policiales modernizados (la Guardia Civil se crea en 1844) a cambio de una tributación por patrimonio al Estado. Es conveniente recordar que los bienes comunales no sólo comprendían baldíos sino gran parte de los medios de producción tradicionales: molinos, batanes, fraguas y otras máquinas. La inmensa mayoría de la población, desposeída así de medios de subsistencia (tierras y medios de producción), acude en masa a la nueva industria, lo que resuelve la cuestión que planteaba Mises sobre la incapacidad de los patronos para obligar al trabajo fabril[36].

En síntesis, tanto la nacionalización del país como la prominencia del sistema capitalista son fruto de operaciones políticas dirigidas por el Estado, cuya vía procedimental no fue ni el consenso ni el respeto por la integridad individual (bandera habitual del liberalismo), sino la imposición forzosa del mandamiento constitucional y del nuevo régimen de trabajo a salario, formalizados en contra de regímenes político-económicos con elementos democráticos o de auto-gestión de la vida, lo que hace de esta categoría, la auto-gestión, una constante histórica contra las incesantes intromisiones en las dimensiones material, ideológica y espiritual de la vida de las personas.

[1] Durante el siglo XVIII el Estado ya muestra su afán de apropiación indiscriminada de la tierra con fines militares, por ejemplo con la Ordenanza de Montes de Marina de 1748, “una Ordenanza forestal para fomento naval, que compitió con las necesidades de las poblaciones rurales que veían cómo les era despojada su materia prima cotidiana, extraída de los árboles”, en La elaboración de la Ordenanza de Montes de Marina, de 31 de enero de 1748, base de la política oceánica de la monarquía española durante el siglo XVIII, Alfredo José Martínez González. Félix Rodrigo Mora, al respecto de tal normativa, afirma que con ella “la flota de guerra se hacía con el usufructo de aquellas crecidas porciones de monte alto que le fueran necesarias para armar sus buques […] tal Ordenanza realizaba la expropiación del comunal en amplias áreas”, en Naturaleza, ruralidad y civilización, pág. 106

[2] El conde-duque de Olivares ya intentó dicha unificación, pero en aquel momento el coste civil de tal operación no implicaba la erradicación de los sistemas de vida de la época. El giro nacional de la modernidad, en cambio, sí requería una vasta transformación social, mucho más agresiva.

[3] Afirma Gustavo Bueno, en España frente a Europa: “la primera vez en que se habría utilizado la palabra nación, como una auténtica “Idea-fuerza”, en sentido político, habría tenido lugar el 20 de septiembre de 1792, cuando los soldados de Kellermann, en lugar de gritar «¡Viva el Rey!», gritaron en Valmy: «¡Viva la nación!». Y, por cierto, la nación en esta su plena significación política, surge vinculada a la Idea de «Patria»: los soldados de Valmy eran patriotas”, España frente a Europa, pág. 109

[4] La búsqueda de esa complicidad es la manera de subvertir los movimientos de resistencia a la planificación de las élites a base de desnaturalizar su actitud consciente, enfrentada, para transformarla progresivamente, bien en resignación pasiva, bien en sumisión voluntaria. Mediante intervenciones psicopolíticas de esta naturaleza, según Byung-Chul Han, “el sistema consigue que los hombres se sometan por sí mismos al entramado de la dominación”.

[5] Gustavo Bueno, España frente a Europa, pág. 123

[6] La Constitución de 1812 dicta, en su artículo 1º: “La Nación Española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios”, y a su vez enuncia, en su artículo 6º, que “el amor de la patria es una de las principales obligaciones de todos los Españoles”.

[7] Jesús Cruz, La construcción de una nueva identidad liberal en el Madrid del siglo XIX: el papel de la cultura material del hogar, en Patrones de consumo y cambio social, pág. 183 (la negrita es propia)

[8] Gustavo Bueno, España frente a Europa, pág. 119

[9] Ibíd. pág. 142. Bueno define así a los nacionalismos tardíos, periféricos, aquéllos urdidos para separarse de una idea de nación central, pero como se lee en la cita anterior, identifica en ellos el mismo proceso de intervención ideológica sobre las personas que ocurre cuando aduce que el Estado crea ad hoc la cultura nacional central, por lo que su taxonomía, valorando esta injerencia que él mismo diagnostica en ambos tipos de nacionalismo, es falaz.

[10] Antonio Gil de Zárate, director general de Instrucción Pública, contribuyó a redactar la Ley Moyano de 1857, deudora de este primer decreto, siendo la primera gran norma de educación estatal en España, y declaraba, en De la instrucción pública en España: “porque, digámoslo de una vez, la cuestión de la enseñanza es cuestión de poder: el que enseña, domina; puesto que enseñar es formar hombres, y hombres amoldados a las miras del que los adoctrina.”, citado en El Comú català, David Algarra, pág. 231. Son los propios ideólogos del sistema de educación estatal quienes lo definen en estos términos.

[11] Según Bueno, “los sujetos” históricos no son “definibles en cuanto agentes de la historia, es decir, en cuanto sujetos operatorios según planes y programas definidos, previa o simultáneamente al decurso mismo de los sucesos históricos”; lo que ocurre, al revés, es que el mismo proceso histórico es el que moldea o determina a esos sujetos operatorios, en sus planes y en sus programas”. Para Bueno, tales planes y programas, es decir, la voluntad de las personas organizadas, se conforman como “efectos y no como causas últimas del curso de los acontecimientos”, lo que quiere decir que sería la historia, como mecanismo irreductible, la que determinaría la voluntad de las personas, que bajo su dominio dispondrían sus esfuerzos de manera consecuente y nunca de forma autónoma, en España frente a Europa, págs. 267 y 280

[12] Ibíd. pág. 166

[13] “Los reiterados ataques a la Constitución al inicio del Trienio motivaron la promulgación de la ley de 17 de abril de 1821”, en En torno al Trienio Constitucional (1820-1823), Antoni Moliner Prada, pág. 39

[14] Nicolás García Rivas, La rebelión militar en derecho penal, pág. 56

[15] Consultar La Primera Guerra Civil de España (1821-1823), Rafael Gambra

[16] El propio Espoz y Mina recoge en sus memorias la represión a la que sometió a la región catalana: “corred, volad á la reconciliación que todavía puede otorgaros la compasiva madre patria, ó no dudéis del pronto castigo que en otro caso va á imponeros como hijos espurios y enemigos”, en Memorias del General don Francisco Espoz y Mina, pág. 72. La obra también recoge el bando que él mismo dictó, en el que decretaba el incendio y saqueo de pueblos y propiedades vecinales que se rebelasen contra la Constitución o prestasen apoyo a los “facciosos”.

[17] Gaceta de Madrid, núm. 69, 9 de marzo 1924, pág. 1219

[18] Aún durante la II República “la amplia mayoría del campesinado deseaba retornar a la posesión y cultivo colectivo o semi-colectivo de la tierra. No querían el reparto, sino la vuelta al colectivismo, como manifiestan las numerosísimas reclamaciones sobre la recuperación del comunal que se formularon en esos años”, en Investigación sobre la II República española, 1931-1936, Félix Rodrigo Mora, pág. 136. Esta obra es de sumo interés para conocer el estado insurreccional del mundo rural contra la II República, en un gran número de ocasiones, con motivo de las expropiaciones del comunal y la desarticulación del colectivismo agrario.

[19] Manuel Sisternes, Idea de Ley Agraria Española, 1786, citado en Naturaleza, ruralidad y civilización, Félix Rodrigo Mora, pág. 105

[20] Para un estudio pormenorizado de la genealogía de las expropiaciones y un comentario jurídico sobre sus formas, consultar el artículo Monarquía, liberalismo y ayuntamientos contra los bienes comunales

[21] Citado en El Comú català, David Algarra, pág. 261

[22] Consultar Derecho consuetudinario y economía popular en España, Joaquín Costa. Otro estudioso actual del asunto es Laureano Manuel Rubio Pérez, catedrático de Historia Moderna en la Universidad de León, que explica la dimensión cultural del comunal, un régimen de autogestión asamblearia de la vida y del trabajo, en el que no intermediaba el dinero, en el que el trabajo era horizontal basado en un colectivismo agrario sublimado como forma de convivencia-subsistencia. Define acertadamente el comunal como patrimonio material e inmaterial.

[23]“El concepto de trabajo colectivo no se reduce al cultivo de la tierra ni a la economía, sino que implica a toda la dinámica del proceso, incluyendo las asambleas y las tomas de decisiones” D. Machado y R. Zibechi, Cambiar el mundo desde arriba. Los límites del progresismo, pág. 19

[24] Rafael Gambra, en La Primera Guerra Civil de España describe la defensa de esta tradición, entendida como fundamento orgánico de la vida, como el motivo principal de la rebelión realista en 1821.

[25] Félix Rodrigo Mora, Naturaleza, ruralidad y civilización, pág. 107

[26] Jovellanos elogia la propiedad privada absoluta y denigra “a los hombres reunidos en pueblos”, que viven bajo un “choque de pasiones” que “les agitan”. Bajo un régimen de propiedad privada se fomentarían “aquellas virtudes sociales y domésticas que constituyen la felicidad de las familias y la verdadera gloria de los Estados”, en Informe de Ley Agraria

[27] Así define Jovellanos las diferentes normativas consuetudinarias (“costumbres bárbaras” para él) que, “menoscabando la propiedad individual”, impedían el cerramiento de tierras, precisamente para impedir que nadie ejerciese un dominio absoluto y privado sobre los terrenos. En Informe sobre la Ley Agraria

[28] Chinese Political Thought in the Twentieth Century, Chester C. Tan, pág. 125 y 297

[29] Ludwig von Mises se equivoca así radicalmente cuando afirma que “los economistas del laissez faire fueron […] los adalides del progreso técnico sin precedentes que los últimos doscientos años han contemplado”, en La Acción humana, Madrid 2011, pág. 732

[30] Juan Francisco Fuentes, La formación de la clase política del liberalismo español: análisis de los cargos públicos del trienio liberal.

[31] Robert Nozick, autor rescatado por Juan Ramón Rallo y ciertas corrientes del liberalismo actual, afirma, en Anarquía, Estado y utopía que “los impuestos sobre las rentas del trabajo son equivalentes al trabajo forzoso”, pero tal carga impositiva es institucionalizada precisamente por el liberalismo.

[32] Antes de esta regulación, se encuentra que “el consumo ordinario apenas está mercantilizado y las rentas y los impuestos se atienden mayoritariamente en especie, y aun cuando comience su monetización, ésta es todavía muy lenta y está poco implantada”, en La reforma monetaria del trienio liberal en España, 1820-1823: modernización y límites, Enrique Prieto Tejeiro, Dionisio de Haro Romero.

[33] En Revolución liberal y crisis de las instituciones tradicionales asturianas, Francisco Carantoña Álvarez describe la realidad social pre-liberal: “la industria estaba condicionada por la falta de un mercado regional y las malas comunicaciones […] La población campesina no utilizaba practicamente el dinero. Se autoabastecía de los productos de primera necesidad […] y cuando no podía hacerlo acudía a las ferias, donde predominaba el trueque.”, pág. 11

[34] Constitución de 1812, art. 25

[35] La crisis de financiación del Estado inspira parte de las operaciones de desamortización y la crecida imposición tributaria. “El liberalismo español fue también en sus orígenes un movimiento muy condicionado por las urgencias de unas clases medias administrativas y militares dependientes de un Estado en crisis terminal”, en La formación de la clase política del liberalismo español, Juan Francisco Fuentes.

[36] “los nuevos industriales jamás gozaron de poder coactivo para enrolar a nadie en las fábricas contra su voluntad”; no les hizo falta, pues las condiciones de afluencia fueron determinadas por el Estado, en La acción humana, Ludwig von Mises, pág. 732. Para el caso inglés, la investigación de J.L. y Barbara Hammond, The Village Labourer 1760–1832 (1911) es decisiva. Describe cómo el campesinado fue conducido al trabajo fabril mediante la expropiación estatal de las Enclosure Acts.

Estados Unidos: más Estado y más capitalismo (II)

werweAmerican Progress, John Gast

En una primera parte de este texto se ha visto cómo la historia del caso inglés es prueba de que el capitalismo está supeditado al interés del Estado; su “pleno florecimiento es también el pleno florecimiento del Estado moderno en el siglo XIX”[1]. El capitalismo debe ser entendido como una estrategia política del poder, una enorme intervención para apuntalar un sistema económico previo fragmentario, de manera que los caudales de una riqueza potenciada redundasen en beneficios concentrados para el Estado. El caso estadounidense da prueba de lo mismo y concede acierto a las aseveraciones del antropólogo Pierre Clastres, cuando en La sociedad contra el Estado declara: “La relación política de poder precede y fundamenta la relación económica […] Antes de que sea económica, la alienación es política, el poder es anterior al trabajo, lo económico es una derivación de lo político.”[2] El interés por la potenciación de la riqueza nacional expresado en documentos políticos de finales del siglo XVIII coincide con la mentalidad desarrollista y aduladora del progreso material-económico propia del liberalismo. Los fundamentos de su filosofía política, el respeto por la integridad individual, fueron el pretexto perfecto para defender la primacía de los nuevos sistemas constitucionales, que pretendieron estatuir un ordenamiento centralizado liberal-capitalista sobre los territorios. La concesión formal de derechos para el individuo vino acompañada de la instauración de un régimen específico de titularidad de la tierra y de la propiedad, un sistema jurídico, fiscal, administrativo; un concepto particular sobre la soberanía de los pueblos, sindicada ahora bajo los nacientes conceptos de “nación” y de “representación”, etcétera. Lo fundamental es comprender que este nuevo sistema legal y todas las medidas que se tomaron para su instauración propiciaron un cambio no sólo en la arquitectura política externa de las sociedades sino también un vuelco en los sistemas de ideas, valores, actitudes, hábitos, costumbres; en la subjetividad e integridad de las personas a las que se sometió al giro copernicano liberal-capitalista.

Los cerramientos de tierras en Gales e Inglaterra fueron una de las medidas que precipitaron un cambio sustantivo en las condiciones de vida. Joanna Brooks, en su libro Why We Left, acierta sobre la cuestión sustancial: “Inglaterra colonizó sus propias tierras y dislocó a sus propios habitantes indígenas antes aún de colonizar las tierras del exterior”[3]. En efecto, el principal objetivo del nuevo Estado liberal inglés fue acomodar a sus intereses la mentalidad popular de sus propios habitantes. Las gentes que se regían por sistemas de auto-gobierno sobre derecho de costumbre “fueron cercados y exhortados a abandonar […] la tierra natal, y luego […] cruzaron el océano para tratar de hacer algo de fortuna”[4]. En su libro, Brooks recoge cómo la ola migratoria hacia las colonias americanas fue resultado de la expropiación de la tierra por parte del Estado anglosajón. Varios documentos de la época corroboran esta realidad[5]. Pero el mismo interés de intervención sobre la conciencia de las personas para justificar un régimen constitucional-liberal les esperaba a estos emigrantes en Norteamérica. Estudiar la realidad de los nacientes Estados Unidos a finales del siglo XVIII alumbra el mismo juicio: el centralismo liberal-constitucional cimentó las bases de un nuevo orden económico, inexistente ni como realidad material ni como realidad axiológica antes de las Revoluciones Liberales. Así se expone en El mundo contemporáneo: del siglo XIX al XXI: el liberalismo “funda el Leviatán moderno, en el que el Estado se convierte en el titular de la soberanía nacional y en la instancia que dispone de las facultades precisas para ejercer la dominación política, incluida la violencia”[6]. Es debido a esa dominación política, hecho objetivo que se desprende, por ejemplo, de la ausencia de sufragio universal durante más de 175 años de ordenamiento constitucional-liberal, que la ideología del laissez-faire debe ser entendida como apéndice del Estado, al que sirve y del que se sirve: se privilegió de un rígido marco normativo no-libre sobre el que sujetar una progresiva acumulación de capitales, y a su vez potenció a la administración central, pues formalizó un mercado de trabajo cada vez más unificado sobre el que tributar de manera más eficiente, además de contribuir activamente a engrosar la riqueza nacional. No otra cosa aseveró Alexis de Tocqueville: los cambios políticos salidos de las revoluciones francesa y americana tuvieron por objetivo “aumentar el poder y los derechos de la autoridad pública”[7]. Tocqueville calificó de “horrible convulsión” la operación que destruyó el ethos socio-político previo al periodo revolucionario. Su obra La democracia en América da cuenta de la riqueza civilizatoria existente en los nacientes Estados Unidos y de cómo los procesos de concentración de poder en el Estado a través del ordenamiento liberal-constitucional extinguieron otras cosmovisiones, aspiraciones y prácticas habidas entre sus gentes.

 

Estados Unidos, hacia la centralización impositiva

Lo que muchos de los llegados a las colonias americanas durante el siglo XVIII llevaron consigo fue una idiosincrasia popular. Su subjetividad particular ya había sido definida como indómita[8], reacia a la autoridad, con una potente cultura del auto-gobierno y de la vida en común; frugal, desatenta del desarrollismo y centrada en economías de auto-abastecimiento. Dana D. Nelson, en su obra Democracia Común, recoge cómo esta subjetividad de las gentes del agro inglés consiguió arraigar en suelo norteamericano, muy a menudo en consonancia con prácticas políticas de auto-gobierno indígenas[9]. Nelson detalla cómo “el derecho de auto-gobierno del pueblo, tanto para demandar como para ejercer un gobierno justo, floreció a medida que las Colonias evolucionaban hacia la Revolución”[10]. En efecto, el pacto por la independencia de Gran Bretaña estuvo motivado por deseos extendidos de auto-determinación, pero no sujetos inicialmente a una nueva identidad nacional sino movidos por el ánimo de auto-gobierno local. Este ánimo se materializó en una práctica democrática “robustamente participativa, insistentemente local, rudamente igualitaria”[11], cuyos ordenamientos consagraban el rol activo de los ciudadanos[12]. Christian Fritz, en American Sovereigns expresa: “el pueblo dio su consentimiento a través de su conducta, y su activa participación reforzó el mensaje de que él era el nuevo soberano de América”[13]. De esta manera el pueblo se adjudicó “poderes indelegables antes, durante y especialmente después de haber ratificado un tipo de gobierno”[14]. Durante la década de 1770, antes de la Constitución fundacional de los Estados Unidos, muchos ordenamientos regionales declaraban que “el pueblo era la única fuente de poder legítimo”[15]. Nelson sigue a Tocqueville en su libro y demuestra que la democracia no sólo precedió a la Constitución fundacional sino que, además, ésta degradó de manera autoritaria una práctica democrática previa asentada en principios convivenciales, de participación activa, que fueron sustituidos por la pasividad del sistema de representación, sobre el que además no operó un sistema de sufragio universal hasta 1965, esto es, hasta pasados más de 175 años[16]. En efecto, la Constitución americana, de inspiración liberal, instauró una dictadura política de casi dos siglos de duración, y so pretexto de la libertad del individuo, desarticuló regímenes comunitarios donde la participación política de hombres y mujeres era una realidad no excepcional[17].

Tras el pacto de independencia de Gran Bretaña, se abandonan progresivamente los ideales democráticos originales: “para asegurarse el crédito externo y financiar su visión de grandeza para la economía nacional, la élite comenzó a levantar lo que sus miembros llamaban barreras contra la democracia”[18]. La propia mentalidad de auto-gobierno y su poco interés productivista conformaban esa principal “barrera”, enemigo a derribar por el constitucionalismo federal. Los primeros gobiernos estatales hicieron parecer “como si la democracia fuera el regalo de los Constituyentes a las masas ignorantes”, para desarticular su apego al sistema de auto-gobierno[19]. Vemos aquí, de nuevo, que la necesidad de potenciar la riqueza nacional fue lo que movilizó a la razón de Estado a pervertir las ideas democráticas originarias del sentimiento de independencia y encauzarlas en un sistema que permitiese a las élites estatales acaudalar un potente numerario. Adam Smith ya había aseverado cómo la potenciación de la riqueza nacional debía ser la meta estratégica de las operaciones de colonización europeas mediante una mentalidad de subordinación y productivismo agrario nacional[20]. Una vez estas colonias lograron la independencia del dominio inglés, un segmento minoritario de población decidió emprender el mismo camino desarrollista para competir con sus antiguas metrópolis en el tablero geopolítico e imponerse al resto. En la misma línea de Smith se sitúan las declaraciones cosistas, productivistas y desarrollistas de otros exponentes del liberalismo, que coinciden con declaraciones salidas de funcionarios del Estado[21]. Es el caso de Mises, una vez más, cuando en La mentalidad anticapitalista acota la definición de progreso a prosperidad material, y la sujeta sobre categorías de “acumulación de capital, el espíritu empresarial y el ingenio técnico”[22], tres categorías que en lo sustancial son de las que se vale el Estado (y no un libre mercado que, precisamente por ello, no existe) para potenciar su estructura y así su poder.

Estado y liberalismo comparten una misma cosmovisión nacional-capitalista, esto es, un mismo afán por maximizar la riqueza material y organizarla como producto nacional, lo que explica que el Estado se sirviera de esta ideología para confeccionar su particular manifestación decimonónica. Tal y como señala Michael Goldman, “la cultura Común del uso compartido de las tierras fue atacada sobre la base de que era anti-progresista”[23]. Pero obras como Re-imagining the New American Republic as a Developing Country dan cuenta de la enorme indisposición de las gentes del común de la época a dejarse arrastrar a este estado de cosas: “muchos, si no todos, los hombres del común vieron al sistema capitalista emergente como una amenaza a sus ideales democráticos, en cuanto a que este transfería el poder a la élite y socavaba la igualdad económica que ellos creían necesaria para la supervivencia de la democracia”. Estos hombres “raramente articulaban una visión de la democracia afín al capitalismo liberal”[24]. El choque entre la cosmovisión liberal-estatal, delegacionista, productivista y de sumisión a una ley confeccionada por cargos no electos, y un orden local tendente a ser auto-suficiente y auto-organizado[25], de la participación y de la ley consensuada (el mismo choque que los avatares del siglo llevaron a Inglaterra, Francia, España, …) provocó numerosas revueltas y tumulto popular. Woody Holton, en Unruly Americans and the Origins of the Constitution, detalla cómo la sociedad que instaura la Constitución fundacional sufría una carga impositiva de 3 a 5 veces mayor que la habida una década antes. Ello demuestra que la principal obra del liberalismo histórico fue el ensanchamiento del Estado y la potenciación de los medios recaudatorios y de dominación mediante un sometimiento agresivo o latente, sostenido en el tiempo, y la desarticulación de cualquier otro tipo de concepción no compatible con los avatares del progreso económico material prescrito por las diversas doctrinas económicas liberales que, si bien diferentes en las recetas, compartían el mismo espíritu postrado ante la riqueza material.

La insumisión fiscal fue la tónica general que propició rebeliones[26] como las conocidas como Anti-rent wars, o la Rebelión de Shays, que hizo que los vecinos de Massachusetts tomaran las armas contra el fisco. El gobierno federal instó al pago de impuestos en moneda[27] (lo que significa que antes de ello no ocurría), de la misma forma que hará el liberalismo en España, con la obligatoriedad del pago de impuestos en moneda impuesto a partir de 1821 durante el Trienio Liberal-Constitucional. Otro ejemplo fue la resistencia organizada de los habitantes de Kentucky al famoso impuesto sobre el whisky, que “predecía las dificultades que encontraría el gobierno federal para convencer a los ciudadanos de profundizar su rol como auto-subordinados”[28]. Como exponen Félix Rodrigo Mora y Esteban Vidal en el prólogo a la versión en castellano del libro citado de Dana D. Nelson, el Estado federal estadounidense, “con sus políticas, incentivó una ola especulativa sin precedentes gracias al haberse apropiado de una ingente cantidad de tierras, sobre las que a su vez expidió títulos de propiedad. La política federal en esta materia siguió esta misma tónica durante el resto del siglo XIX con la venta de millones de hectáreas. Una clara muestra de esto fueron las sucesivas leyes aprobadas por el congreso de EEUU, como fue la Homestead Act de 1862, que permitió la venta de 100 millones de hectáreas, es decir, alrededor del 10% de la superficie del país. Todo esto permitió al gobierno federal recaudar una cantidad fabulosa de recursos financieros”. Para estos autores “la experiencia estadounidense es un ejemplo más, de los muchos que existen, de que el Estado es el que crea y desarrolla el capitalismo como sistema socioeconómico, en tanto y en cuanto es el que establece las condiciones que permiten su aparición. La promulgación de leyes que reconocen el derecho a la propiedad privada en los medios de producción es lo que ofrece la necesaria seguridad jurídica para la formación de las formas de producción capitalistas, ya que el Estado garantiza la protección de dicho derecho mediante su fuerza represiva”.

 

La nacionalización de las conciencias

La pretendida operación ejercida por el Estado federal de nacionalización de las masas, esto es, incrustar y afianzar los principios normativos e ideológicos del orden liberal-capitalista (la “colonización de sus propias tierras”) fue un proceso convulso, largo, aún no logrado “ni en los 1850s”[29] debido a la oposición popular, un proceso cuyo éxito se basó en una mezcla de sometimiento por la fuerza y amaestramiento por el hábito. Antes de la Constitución proliferaron “costumbres que demandaban de todos su cooperación en la erección de los graneros (o la iglesia); costumbres que daban por seguro que las gentes podían resolver sus discrepancias entre ellas, sin la ayuda de abogados, jueces, o reglas pergeñadas en el congreso estatal o el federal; costumbres que imaginaban un bien común emanante de vecinos trabajando juntos”[30]. Las comunidades populares no promulgaban su auto-determinación de manera jurídica o formal, sino que de facto ejercían su soberanía. El aforismo “la libertad es participar del poder” se materializó en potestades civiles populares tales como “prestar servicio en las milicias locales auto-gobernadas”, es decir, el poder de las armas era el que salvaguardaba los órdenes populares en alto grado soberanos, de la misma forma que, de manera cruenta, el poder coercitivo-militar terminará por consolidar el poder del Estado. Así lo confirma Ron Formisano, que en For the people: American Populist Movements from the Revolution to the 1850s sostiene que, hacia 1840, “el clima ideológico sobre la soberanía indelegable del pueblo de la era Revolucionaria se había debilitado. Aunque muchos americanos aún conservaron cierta creencia en el principio de que la soberanía y autoridad residía en última instancia en el pueblo y no en un gobierno delegado, un escenario político cambiante estaba minando la capacidad y voluntad de actuar en consecuencia”[31]. Margaret Canovan prescribe este agotamiento de los sentimientos populares: “la fe del liberalismo en el progreso no puede evitar la devaluación de la cultura existente, de los valores y el estilo de vida de la mayoría de aquellos a quienes esté dirigida”.[32]

A Tocqueville se le adjudica una cita que reverbera con atemporalidad en la Historia conocida: “es de hecho difícil imaginar cómo hombres que han renunciado al hábito de dirigir sus propios asuntos pudieran tener éxito al escoger bien a aquéllos que deben liderarlos; y no puede creerse que un gobierno liberal, energético y sabio pueda nunca deducirse de los votos de una nación de sirvientes”. El liberalismo fue agente activo principal en el desmantelamiento de esa capacidad civil para decidir sobre sí, para auto-gobernarse, no sólo como ensayo histórico sino también desde su propia doctrina, pues su confianza en el principio de representación sirve de semillero a la delegación, al abandonar lo político en manos de profesionales, perdiéndose así la capacidad de “participar del poder” desde la sabiduría práctica y activa de la realización de la vida política en comunidad horizontal. El liberalismo además fue fuente doctrinal para afianzar los títulos de propiedad que, como se ha expuesto, el Estado impuso mediante la usurpación de terrenos y bienes de uso común y la extinción de otros regímenes jurídico-normativos con distintas consideraciones sobre la tierra, lo que entre otras cosas consolidó un régimen generalizado de trabajo asalariado. Esta conjunción de factores extinguió los espacios de deliberación activa en común: se confinó el trabajo al cumplimiento de un rígido ordenamiento empresarial vertical, a la vez que se sustituyeron prácticas de intervención en la vida política por principios de delegación-representación, sin que ni siquiera éstos fuesen universales pues, como se ha dicho, el sufragio universal no se ejerció hasta pasados 177 años. Todo ello nos devuelve a lo mismo, que se repetirá para el caso español, como ocurrió con el inglés: el Estado modificó de manera fundamental y autoritaria las realidades decimonónicas, las materiales y las ideológicas. Un estudio sobre la genealogía de nuestras sociedades que no tenga en cuenta la dimensión procedimental, cómo hemos llegado hasta aquí, es incapaz de desentrañar el papel real e histórico, y no doctrinal o teórico-especulativo, del Estado, del capitalismo y del liberalismo.

[1] Otto Hintze, Historia de las formas políticas, 1968 pág. 305

[2] Pierre Clastres, La sociedad contra el Estado, 1978 pág. 173 [la negrita es de elaboración propia]

[3] Joanna Brooks, Why We Left: Untold Stories and Songs of America’s First Immigrants, citado en Democracia Común. La política de participación en los primeros Estados Unidos, Dana D. Nelson, pág. 63

[4] Ibíd. pág. 19

[5] “after enclosure and the foreclosure of mortgages, these families moved to other parishes (if they could afford a settlement) or they left, indentured, for America”, en Cursory Remarks on Inclosures, Shewing the Pernicious and Destructive Consequences of Inclosing Common Fields &c by a Country Farmer, 1786, pág. 20

[6]Ramón Villares, Ángel Bahamonde, El mundo contemporáneo: del siglo XIX al XXI, 2012, pág. 49

[7] Alexis de Tocqueville, El Antiguo Régimen y la Revolución, 1856 pág. 26

[8] “very rough and savage in their Dispositions, of leveling Principles, refractory to Government”, en Campania Foelix, or a Discourse of the Benefits and Improvements of Husbandry, Timothy Nourse , 1700, pág. 15

[9] No hay que idealizar el indigenismo “por el mero hecho de serlo”, ni tampoco condenarlo a las sombras primitivas de la Historia. Su realidad heterogénea obliga a una mirada dedicada para cada tiempo y cada región. Un documento interesante sobre indigenismo mexicano y sus sistemas comunales es Sobre la propiedad comunal de los pueblos, de la reforma a la revolución, de Emilio Kourí, donde se asevera: “Los pueblos poseían sus tierras en forma comunal, según les habían sido otorgadas a partir de la conquista española y —al menos en zonas de población indígena— de acuerdo con prácticas y costumbres sociales de raíz precolombina»

[10] Dana D. Nelson, Democracia Común… pág. 101

[11] Ibíd. pág. 71

[12] “Esta actitud y expectación de un rol activo como soberanos logicamente fomentó el derecho de la gente a ser más activa en el gobierno del día a día”, en American Sovereigns: The People and America’s Constitutional Tradition Before the Civil War, Christian Fritz pág. 22

[13] Ibíd. pág. 1

[14] Ibíd. pág. 156

[15] Willi Paul Adams, The First American Constitutions: Republican Ideology and the Making of the State Constitutions in the Revolutionary Era, 2001 pág. 135

[16] El sufragio universal es concedido en Estados Unidos en 1920 con el sufragio femenino, esto es, 133 años después de la promulgación de la Constitución. Calificar de sufragio universal lo habido antes de esa fecha es un ejercicio de misoginia intolerable. Pero sólo se hará efectivo con la Voting Rights Act de 1965, que aseguró las condiciones para el ejercicio del voto real de minorías raciales.

[17] Marcus Gallo realiza una investigación para comunidades de Pensilvania (la misma región que verá nacer la Constitución) en las que sus gentes auto-gestionaban incluso un poder judicial mediante la formación y disolución de tribunales, de manera que sus miembros “cimentaron los lazos comunitarios entre los hombres y mujeres que dependían los unos de los otros para sobrevivir”. Ron Formisano expone que “durante la era de la Revolución americana, muchos americanos blancos del común, hombres y mujeres, creyeron que la soberanía popular les habilitaba […] para regular la autoridad rebelde”, en For the people: American Populist Movements from the Revolution to the 1850s, 2008 pág. 191

[18] Dana N. Nelson, Democracia Común… pág. 73

[19] Ibíd. pág 74

[20] “The colony of a civilised nation which takes possession either of a waste country, or of one so thinly inhabited that the natives easily give place to the new settlers, advances more rapidly to wealth and greatness than any other human society […] The colonists carry out with them a knowledge of agriculture and of other useful arts superior to what can grow up of its own accord in the course of many centuries among savage and barbarous nations. They carry out with them, too, the habit of subordination, some notion of the regular government which takes place in their own country, of the system of laws which support it, and of a regular administration of justice; and they naturally establish something of the same kind in the new settlement”, en Adam Smith, An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations, 1776 pág.253

[21] Goderich, a cargo de la Colonial Office inglesa, advertía: “sin alguna división deI trabajo, sin una clase de personas deseosas de trabajar por un salario, ¿cómo puede impedirse que la sociedad caiga en un estado de tosquedad casi primitiva, y cómo van a obtenerse las comodidades y los refinamientos de la vida civilizada?”, citado en E. P. Thompson, Costumbres en Común, 1980, pág. 194. El mismo discurso materializa en España Jovellanos, lector de Adam Smith, ministro de Carlos IV en la época, en su conocido Informe sobre la ley agraria.

[22] Ludwig Von Mises, La mentalidad anticapitalista, 1958 pág. 48

[23] Michael Goldman, Introduction: the political resurgence of the Commons, 1998, pág. 24

[24] Re-imagining the New American Republic as a Developing Country: how to put class in the Revolution’s master narrative, citado en Dana D. Nelson, Democracia Común…  pág. 89

[25] Nelson detalla que la visión económica de dicho orden auto-gobernado estaba “poco interesada en aumentar el poder de la nación”, Democracia Común… pág. 72

[26] Consultar American Mobbing, de David Grimstead, para una muestra mayor de la agitación popular.

[27] El Congreso Continental reunido en Nueva York el 6 de julio de 1785 estableció el dólar como moneda oficial del naciente régimen federal.

[28] Dana D. Nelson, Democracia Común… pág. 258

[29] Ibíd. pág. 83

[30] Ibíd. [La negrita es propia]

[31] Ron Formisano, For the people… , pág. 196

[32] Margaret Canovan, The people, 2005, pág. 87 [la negrita es propia]

El Estado creó el capitalismo (I)

SDSD

La tesis “el Estado creó el capitalismo” no tiene cabida en ninguna ortodoxia política del momento. Si para la izquierda contemporánea el capitalismo es el Mal y el Estado debe custodiar su avance, para el liberalismo la cuestión es, en resumidas cuentas, la inversa. La totalidad del espectro político se configura, en algún punto, otorgando diferentes porcentajes a la presencia de cada uno, Estado y capitalismo. Por lo tanto, presentar una relación genésica entre ambos dinamita fundamentos, diagnósticos y propuestas. No obstante, esta relación surge como inexorable en nuestra historia, y este texto pretende recuperar el estudio de dicha realidad. El objetivo no es otro que hacer una propuesta para el presente, teniendo en cuenta la buena voluntad que se intuye en personas afectas al liberalismo, el anarcocapitalismo, el movimiento libertario y en algunas corrientes de la izquierda. Sobre las contribuciones de estas teorías se ha apoyado parte de la bibliografía de este texto. La terminología muchas veces es dada a interpretaciones interesadas, como la habitual de aducir que “aquello no fue capitalismo, fue corporativismo[1]”. Los preceptos fundamentales sobre el capitalismo que encontramos en la mayoría de autores escogidos son la no intervención del Estado en la economía (en referencia a una injerencia directa, numérica, material) y la organización del trabajo y de la sociedad con arreglo a la propiedad privada, de modo que la aportación de este texto parte de esos supuestos.

El periodo histórico de más interés para este análisis comprende la realización de las Revoluciones Liberales y de la Revolución Industrial, debido a tremenda relevancia que comportan para comprender nuestra sociedad actual. La “historia del capitalismo de Gran Bretaña”[2] ilustra de qué manera el capitalismo moderno nace como una estrategia política del Estado, bastante exitosa, para expandir el dominio y consolidar la hegemonía de la nación inglesa. Autores como Ludwig von Mises aseveran que “los economistas del laissez faire fueron […] los adalides del progreso técnico sin precedentes que los últimos doscientos años han contemplado”[3], algo que está enfrentado con el análisis del acontecer histórico. Para el caso inglés, Francisco Comín señala algo evidente: “las instituciones establecidas por la ‘Revolución Gloriosa’ fueron decisivas para la industrialización, porque aseguraron los derechos de propiedad privada y limitaron la arbitrariedad de los gobiernos”[4]. La obra de las primeras cortes modernas inglesas, en los hechos, resulta en la creación del Banco de Inglaterra (en 1694, seis años después de la instauración del parlamentarismo británico) y la potenciación de la flota de guerra del Ejército[5], lo que granjeará al país una hegemonía mundial imperial. Inglaterra, pronto unificada bajo el Reino Unido, fue así la cuna de la Revolución Industrial. Lo que Mises define como “la evolución que fue transformando los sistemas medievales de producción hasta llegar a los métodos típicos de la empresa libre”[6], que sería parte de esta revolución, no tiene en cuenta un detalle fundamental: que fue el Estado inglés el principal promotor, gestor y beneficiario del nuevo orden económico liberal-capitalista, y no sólo fue árbitro imparcial en el proceso.

Hay varios acontecimientos que ilustran esta realidad, pero hay uno en particular cuya trascendencia sólo puede suscitar la mayor honestidad histórica que podamos exigir. Se trata del proceso de cerramiento o cercamiento (enclosure) de tierras que se materializó, entre 1730 y 1780, en más de 1000 leyes[7] (Enclosure Acts) elaboradas por el Parlamento Británico que dictaban la intervención de diferentes tipos de terreno que existían por todo el territorio nacional, la mayoría en régimen de propiedad comunal. Estas leyes conocieron un apogeo desde mediados del siglo XVIII y durante el siglo XIX y supusieron la mayor operación conocida de reorganización orquestada del régimen de propiedad de la tierra. Debido a su dispersión en el tiempo y la geografía es difícil conocer la cifra exacta de terrenos desamortizados por el Estado. Algunos estudios[8] aseveran que el total de tierras usurpadas por el Estado inglés (sobre las que se impuso el régimen de propiedad privada individual que propugnaba el liberalismo) se sitúa entre 30.634 y 35.814km² sólo en Gales e Inglaterra, sin considerar Escocia e Irlanda del Norte (el tamaño de Gales en la actualidad es de 20.735 km²). Para el periodo 1800-1814 otro estudio[9] señala que se aprobaron más de cien Enclosure Acts anuales, esto es, 1600. Este proceso podría ser definido, sin cometer exceso, como de nacionalización de la tierra, si no fuera porque comporta algo de mucha mayor significación.

SDSDSD

Fuente: John Chapman, The Extent and Nature of Parliamentary Enclosure, The Agricultural History Review, 1987 vol. 35 Nº 1

 

La extinción del régimen comunal de Gran Bretaña

El Estado inglés reclamó legitimidad e impuso normativa sobre terrenos que habían permanecido en régimen de co-propiedad entre diferentes agrupaciones humanas durante siglos. Pero ello, lejos de significar solamente un cambio en la titularidad de la tierra, comportaba una agresión a una vasta realidad inmaterial, que fue desarticulada por imperativo legal. Las tierras comunales estaban regidas por un sistema de derecho comunal (common right), cuya principal fuente jurídica era el derecho consuetudinario o de costumbre (custom), lo que daba lugar a un robusto cuerpo de normas y ordenanzas formalizado mediante la participación política directa de los vecinos durante los siglos, que se elaboraba y transmitía de manera oral (sólo se transcribían algunas ordenanzas), pero que tenía “toda la fuerza de la ley” [10]. El sistema era un gran entramado local, heterogéneo y descentralizado, que ha sido definido como “effective local system of by-laws, and common right”[11]. El Estado no reconoció entidad jurídica a gran parte del cuerpo normativo consuetudinario; en su lugar, extinguió las prerrogativas que regían la vida comunitaria, impuso el derecho parlamentario-estatal y un régimen de propiedad privada absoluta, ambos de reciente inspiración liberal, elaborado de espaldas al pueblo y respaldado por la fuerza militar[12]. “Las leyes de cerramiento extinguieron el derecho comunal de la mayor parte de la baja Inglaterra a finales del siglo XVIII y principios del XIX”[13]. Esta operación permitió al Estado una tributación ensanchada sobre los nuevos terrenos, muchos de los cuales, además, fueron vendidos a particulares[14]. Fue pues una intervención política la que asentó un régimen generalizado de propiedad privada individual; una decisión no consensuada, no elegida y, por todo ello y por los procedimientos expeditivos que empleó, no legítima.

Es decisivo observar cómo los precursores del laissez-faire en Inglaterra se muestran muy entusiastas de los cerramientos. Adam Smith, teórico de la “libre competencia”, incluso se regodea al constatar cómo los cerramientos se harían habituales en Escocia[15], y en su tratado de 1776 no dedica ni un pasaje a dar cuenta del fenómeno que, para esa década, se cobró más de 500 Enclosure Acts del Parlamento. Smith frivoliza la cuestión y utiliza indistintamente el término “enclosure” para designar cerramientos de grandes prados, montes y baldíos, o el vallado sobre un pequeño huerto doméstico. Lo que le alinea con el Estado y le hace partícipe de la misma ideología que desbarató miles de vidas son sus elogios a estos cerramientos de tierras, que describe como “mejoras económicas”, echando por tierra, literalmente, la riqueza humana inmaterial que distintas comunidades humanas habían erigido en la cultura de campo abierto. Es especialmente sangrante, en términos de la propia doctrina liberal, que la voluntad de las gentes del común, que no fue consultada en una mayoría de casos, esté completamente ausente en la apología que de los cerramientos se hace. La voluntad del individuo, la expresión de su fuero interno, es barrida sin miramientos y sólo con arreglo a la imagen de un terreno agrícola mejorado, más productivo. Esta obsesión desarrollista, sólo atenta al rendimiento, conduce a Adam Smith a elogiar el trabajo asalariado e identificarlo con la fuente de riqueza nacional[16], además de admitir que tal riqueza sólo puede provenir del empleo de mano de obra para limpiar y cultivar el campo[17]. Esta obnubilada visión por lo productivo se reconoce con el mismo ahínco en la obra de la Board of Agriculture, institución estatal que velaba por la mejora del agro, creada con el apoyo del Primer Ministro, William Pitt. Su presidente, sir John Sinclair, declararía: “Hemos comenzado otra campaña contra los enemigos extranjeros del país… ¿Por qué no deberíamos intentar también una campaña contra nuestro gran enemigo doméstico, me refiero a la esterilidad hasta ahora no abordada de una superficie tan grande del reino? […] No nos contentemos con la liberación de Egipto, la subyugación de Malta, sino que sometamos Finchley Common; conquistemos Hounslow Heath; obliguemos a Epping Forest a someterse al yugo de la mejora”[18].

El “yugo de la mejora” fue, en efecto, la imposición del progreso, que consistió en extender el dominio del Estado a unos campos sobre los que no obtenía rendimiento. La acumulación de capital (principio axial del capitalismo) por parte del Estado fue así la precondición de su robustecimiento. El elogio del trabajo a salario que realiza Smith y su silencio sobre los procesos usurpadores de tierra delatan lo interesado de su exposición. Los cerramientos, de facto, generaron un éxodo ubicuo de población en búsqueda de nuevas formas de subsistencia. La acción del Estado contribuyó a la creación de una nueva clase asalariada, veta esencial de riqueza nacional para el economista escocés. De hecho, ese fue un argumento utilizado a favor de los cerramientos. John Howlett, un economista ilustrado, escribe en 1781 un tratado sobre demografía y economía en el que aduce, precisamente, que la consecuencia de los cerramientos y la burocratización sobre la tierra era el incremento de “obreros pobres y, en última instancia, de personas indigentes y necesitadas”[19]. Ello, “tan desagradable y doloroso como pueda resultar al corazón tierno y sensible”, no le impedía ser un ávido defensor de los cerramientos, pues el proceso cumplía además con lo que, en ese mismo tratado, se especifica como meta estratégica nacional: el aumento de la población para, entre otras cosas, ensanchar el ejército. En efecto, como expone John Brewer, “un campesinado autosuficiente no contribuía nada al mercado”; eran “díscolos” y “privaban al empresario emergente de la tan necesitada mano de obra”[20]. John Clark, terrateniente de la época, también apunta a ello: “el cerramiento de baldíos incrementaría la mano de obra, al eliminar los medios para la subsistencia sin empleo”[21]. Los cerramientos estatales, en efecto, consolidaron el principal recurso del capitalismo, la mano de obra dispuesta en el mercado de trabajo (Adam Smith ya había considerado la mano de obra como una mercancía esencial). Supusieron una injerencia mayúscula a nivel nacional que cimentó el arraigo de la clase proletaria; en su ausencia, nada indica que el sistema de trabajo a salario se hubiera popularizado, como no lo hizo precisamente hasta que el Estado desarticuló las economías comunales, en ningún país (en España ocurrirá exactamente lo mismo, como veremos, con las leyes de desamortización).

Los cerramientos generalizaron una dependencia del individuo de un salario, al privarle de los medios y del sistema entero para trabajar para sí mismo. En estricto antagonismo, las economías comunales permitían, por un lado, una auto-suficiencia notable que marcaba una fuerte independencia del salariado (y así, del dinero[22]), y por otro, una auto-gestión jurídico-normativa, de la vida y de las costumbres, que construía a los pueblos como entidades políticas en alto grado auto-gobernadas. Tal independencia y auto-gestión construía individuos con una cosmovisión bien diferente a la de quienes propugnaban sumisión legal sin consenso y trabajo para otros, como es lógico[23]. En las economías comunales, la enorme dependencia del medio natural estaba fuertemente mitigada a través de una sólida red de asistencia popular basada en el apoyo mutuo. Este choque entre cosmovisiones diferentes provocó numerosas reclamaciones, levantamientos, motines y rebeliones[24]. El magistrado James Webster arengó a las tropas militares a intervenir en un levantamiento popular ocurrido en su condado; su declaración expresa la verdadera naturaleza del contrapoder popular: “si la gente desposeída se dedica a promulgar leyes para ellos mismos, dentro de poco no tendremos gobierno en este condado”[25]. En efecto, la autonomía del individuo disminuyó de manera radical con la desarticulación del comunal, que marcó el descenso desde la capacidad de intervención en la vida pública y el trabajo comunal para uno mismo y sus allegados, hacia el sometimiento a las leyes estatales y la dependencia[26] en un salario a cambio de un trabajo realizado para otros. El ecosistema comunal no estaba, desde luego, exento de problemática, pero contenía estructuras de conciliación horizontales, elegidas, transformadas por el hacer directo de los grupos humanos[27]. El legicentrismo liberal y la instauración del sistema de trabajo asalariado desarticularon mayoritariamente sin consenso[28] dichas instituciones populares e instauraron una nueva coyuntura que imponía una estructura institucional vertical.

Ante todos estos hallazgos, causa bochorno que el sistema económico que prosperó a partir del siglo XIX sea denominado de libre empresa o con libertad de mercado. Cuando el economista austriaco Ludwig von Mises aduce lo obvio: por un lado, que el primer trabajo fabril fue infrahumano, y que, así, “los nuevos industriales jamás gozaron de poder coactivo para enrolar a nadie en las fábricas contra su voluntad”[29], se olvida de que tal coyuntura quedó perfectamente resulta mediante la expulsión de cientos de miles de personas de sus terrenos y la desarticulación progresiva del sistema jurídico-normativo, el derecho consuetudinario, que regulaba su uso de la tierra. Es decir, el Estado favoreció en lo esencial al nuevo capitalismo industrial: creó la demanda y forzó la afluencia fabril so pena de pauperización, pues además requería del pago creciente de impuestos. Causa estupor que en un tratado de economía como La acción humana, con un capítulo dedicado específicamente al episodio de la Revolución Industrial y con mención del caso inglés, sólo se emplee una vez la expresión “enclosure movement” y sea además para señalar, sin quererlo, la connivencia de los intereses del capitalismo privado y el Estado. En efecto, Mises, lejos de dar cuenta de la realidad político-económica más trascendente del momento, que afectó a cientos de miles de personas y formuló varios miles de normativas, se hace eco de ella para justificar que “las fábricas abrían un camino de salvación” para las gentes expulsadas de sus tierras. Lo que Mises afirma implicitamente es que el Estado forzó la demanda de empleo[30] a salario de la que se sirvieron las primeras industrias, hecho que resquebraja los fundamentos doctrinales del liberalismo (pues prueba que el Estado creó lo medular de lo que él llama “sistema de libre empresa”) y sobre el que Mises pasa apresuradamente. Si acudimos a la versión en castellano del texto de Mises, el bochorno es mayor. “Enclosure movement” se ha traducido por “sistemas restrictivos”, una generalidad demasiado etérea si no fuera por el tamaño de la trascendencia de lo que designa, que hace de ella una generalidad temeraria[31].

 

Capitalismo, o del hábito como realidad psicosocial

La relevancia que estos sucesos tienen para el presente es capital. El Estado materializó la realidad del capitalismo: le proveyó con un régimen jurídico-normativo sobre el que éste operó[32], cuya imposición fomentó una demanda por la subsistencia, desposeída de alternativas, que terminó asumiendo el salariado fabril. Paralelamente el Estado fomentó la creación de infraestructuras (financiando obras o concediendo los permisos) y la implementación tecnológica para asentar una potente nueva industria, cuya materia prima esencial, la mano de obra, estaba ya dispuesta. Pero sin duda, la hazaña pro-capitalista más importante que realiza el Estado, devenida de este proceso, es la conquista axiológica. La universalización progresiva del salariado, esto es, el encuadramiento del Hombre en las estructuras materiales del capitalismo, fomentó el arraigo de valores, personalidades y costumbres específicas. Según reza el sabio adagio, “quien posee tu tiempo, posee tu mente”, el hábito y la praxis también constituyen parte de la subjetividad humana. La prueba de ello está en el ethos social propio de los regímenes comunales, donde los principios axiales del capitalismo no son la norma y, acaso, ni existen; el Hombre concede primacía al sistema mutualista, por ejemplo, debido en gran medida a su dependencia de él. Como contrapartida, la atomización[33] laboral capitalista confina el objetivo utilitario del trabajo al salario y extingue la necesidad de cooperación voluntaria entre los trabajadores, entre los que impone una coordinación puramente mecánica y funcional, es decir, una forma muy diferente de cooperación donde la obediencia le gana terreno a la iniciativa voluntaria y a la creatividad. Los asalariados no necesitan de dialogar entre sí, acordar entre sí, gestionar entre sí; ahora se les requiere realizar sus labores con arreglo a directivas verticales, transformando progresivamente la cooperación por la supervivencia en competitividad por un mejor salario (para una mejor supervivencia). La supervivencia está ahora atada a la necesidad de obedecer la directiva empresarial y a competir, y no a la necesidad de auto-gestionar el trabajo y cooperar. Desde ahí el Hombre dispone su integridad hacia cosmovisiones radicalmente diferentes.

Todo lo que ello implica y que se desarrollará en próximos textos es que el capitalismo comporta una realidad material pero también una realidad intersubjetiva, un terreno no físico de valores, disposición de ánimo, hábitos y conductas; ambas dos dimensiones han sido de manera esencial cimentadas por el Estado. La segunda es la red que extiende la intervención del Estado más allá de su mera acción inmediata; esta regulación o aquella subvención no expresan la totalidad de la influencia estatal en la economía, de modo que una ausencia de financiación estatal no implica, ni muchísimo menos, una no intervención del Estado, y lo que es más: una crítica al Estado o al capitalismo que sólo refiera la presencia numérica nada más aborda, en realidad, la mitad de la cuestión.

[1] Corporativismo, mercantilismo, … vendrían a definir la realidad de una economía de mercado intervenida por el Estado. Más adelante se advierte de lo limitado de esta taxonomía.

[2]Ludwig von Mises, La Acción humana, Madrid 2011, pág. 735

[3] Ibíd. pág. 732

[4] En La primera industrialización en Inglaterra (1760-1860), Francisco Comín,

[5] Durante el proceso industrializador en Inglaterra “el 83% del gasto del gobierno se destinaba a gastos militares; de ellos, el 60% se destinaba a la Royal Navy”, ibíd.

[6] Ludwig von Mises, La Acción humana, Madrid 2011, pág. 730

[7] Michael E. Turner, English Parliamentary Enclosure. Its Historical Geography and Economic History, 1980 pág. 68

[8]  John Chapman, The Agricultural History Review Vol. 35, No. 1 (1987), pág. 26

[9] J. M. Neeson, Commoners: Common Right, Enclosure and Social Change in England, 1700-1820, 1993 pág. 45

[10] J. M. Neeson, Commoners: Common Right…pág. 80

[11] Ibíd. pág. 12

[12] La propiedad privada liberal estaba respaldada por la fuerza policial del Estado; los derechos comunales, usufructuarios o de propiedad colectiva, no.

[13] “enclosure acts extinguished common right from most of lowland England in the late eighteenth and early nineteenth centuries”, ibíd. pág. 12

[14] “The illegal alienation of the Crown Estates, partly by sale and partly by gift, is a scandalous chapter in English history.” F. W. Newman, Lectures on Political Economy, 1851 pág. 130.

[15] “The present high rent of enclosed land in Scotland seems owing to the scarcity of enclosure, and will probably last no longer than that scarcity.” en Adam Smith, An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, ed. 2007, pág. 122

[16] “The liberal reward of labour, therefore, as it is the necessary effect, so it is the natural symptom of increasing national wealth”, ibid. pág. 67

[17] “[…] great profit cannot be made without employing the labour of other people in clearing and cultivating the land”, ibid. pág. 438.

[18]“ We have begun another campaign against the foreign enemies of the country. Why should we not attempt a campaign also against our great domestic foe, I mean the hitherto unconquered sterility of so large a proportion of the surface of the kingdom? […] let us not be satisfied with the liberation of Egypt, or the subjugation of Malta, but let us subdue Finchley Common; let us conquer Hounslow Heath; let us compel Epping Forest to submit to the yoke of improvement”, en John Sinclair [hijo], Memoirs of the life and works of sir John Sinclair, Bart, pág. 111

[19] John Howlett, An Examination of Dr. Price’s Essay on the Population of England and Wales, pág. 27

[20] John Brewer, The Pleasures of the Imagination: English Culture in the Eighteenth Century, pág. 445

[21] John Clark, General View of the Agriculture of the County of Hereford, 1794, pág. 29

[22] E. P. Thompson describe el “continuo trueque de servicios y favores (sin intercambio de dinero) que caracteriza a la mayoría de las sociedades campesinas”, en Costumbres en Común, 1980 pág. 176

[23] Las ordenanzas comunales contienen prueba de que, por ejemplo, la lógica que regía la sociedad no era la del máximo beneficio o el puro productivismo. En General View of the Agriculture of the County of Hampshire, Charles Vancouver reseña algunas ordenanzas comunales, elaboradas por consenso, que restringían los derechos de uso comunal para aquéllos que acumulasen capital.

[24] Consultar Commoners: Common Right… III – Decline para una muestra detallada de la extensión de la movilización popular.

[25] Carta de James Webster pidiendo la intervención militar ante un levantamiento popular tras el cerramiento de Bedfordshire, citado en Commoners: Common Right… pág. 52

[26] Tal dependencia, en relación con la “necesidad” artificial de “trabajar para otros” fue definida por Richard Price como esclavitud: “if this practice is continued […] the whole kingdom will consist of only gentry and beggars, or grandees and slaves” citado en The monthly review; literary journal from December 1772 to July 1773, pág. 126

[27]El derecho consuetudinario era “un campo de cambio y de contienda, una palestra en la que intereses opuestos hacían reclamaciones contrarias”, que es prueba de su dinamismo participativo. En Costumbres en común, E. P. Thompson, 1980 pág. 19

[28] El gran número de reclamaciones y revueltas populares es prueba de que el pueblo “sabía que una clase dirigente cuyas pretensiones de legitimidad descansaban sobre prescripciones y leyes tenía poca autoridad para desestimar sus propias costumbres y leyes”, ibíd., pág 92

[29] Ludwig von Mises, La acción humana, pág. 732

[30] Un estudio de un caso particular que demuestra esa injerencia es Village Traders and the Emergence of a Proletariat in South Warwickshire, de J. M. Martin. El mismo autor tiene una tesis doctoral de enorme interés, The Parliamentary Enclosure Movement and Rural Society in Warwickshire, 1967

[31] “A pesar de todo, las fábricas abrían un camino de salvación a aquellas masas a las que los sistemas restrictivos imperantes habían condenado a la miseria […]”, en la versión en castellano La Acción Humana, Unión Editorial, 2011, pág. 733. que incluye estudio preliminar por Jesús Huerta de Soto. En la versión original en inglés se lee: “But the fact remains that for the surplus population which the enclosure movement had reduced to dire wretchedness and for which there was literally no room left in the frame of the prevailing system of production, work in the factories was salvation.”

[32] La obra del Estado de la época se reconoce “en la posibilidad que otorgaba al capitalismo agrario, mercantil y fabril, para realizar su propia autorreproducción; en los suelos fértiles que ofrecía al laissez-faire”, en E. P. Thompson, Costumbres en común, 1991 pág. 44

[33] Las relaciones interpersonales en el trabajo a salario merman, pues de su ejercicio no depende el resultado del trabajo, como en el comunal; el resultado del trabajo depende, antes, de obedecer el contrato laboral. Aun quien con voluntad firma tal contrato, expone sus habilidades sociales al desuso, como músculo, pues es el hábito el que las estimula, allende la intención de la persona. De esta forma el asalariado es corresponsable sobre los hábitos que le construyen.